Los familiares de la concejala Juana Quispe, asesinada en 2012 tras sufrir acoso y violencia política, padecieron un calvario de casi doce años para lograr que los principales sospechosos de planificar su muerte sean juzgados y ahora tienen la expectativa de que un tribunal dicte sentencia próximamente.
«Nosotros hemos perdido a una mujer valiente, una mujer que era colaboradora para su gente, para la familia», manifestó este miércoles a los medios Casio Villanueva, el tío de Quispe que junto a las hermanas de la concejala impulsó la denuncia para que se investigue y sancione el crimen.
Villanueva compareció ante los medios en La Paz junto a su abogada, Valkhiria Lira, y a un grupo de activistas que han respaldado a la familia en su cruzada por lograr justicia.
Quispe fue asesinada el 12 de marzo de 2012, y su cuerpo, con signos de asfixia, fue hallado un día después en un río de La Paz.
Este caso es reconocido como emblemático por diversas organizaciones, pues la muerte violenta de la concejala terminó de impulsar la promulgación de la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012.
Los principales sospechosos son el entonces alcalde del municipio de Ancoraimes, Félix Huanca, y los exconcejales Pastor Cutili y Basilia Ramos, considerados «autores intelectuales» de la muerte de la concejala, además de una mujer señalada de complicidad.
Líder acosada
Quispe era una líder reconocida en Ancoraimes, en el Altiplano paceño, lo que la llevó a postularse en 2010 en las elecciones subnacionales para ser concejala.
«Mi sobrina ha entrado con el 70 % de votos y no la han aceptado. A ella no le gustaba la corrupción, siempre apoyaba a las mujeres, a la familia, a su comunidad, inclusive ha hecho cargo sindical en la Federación Departamental Bartolina Sisa (un sindicato de mujeres campesinas)», explicó Villanueva.
Sin embargo, la mujer no pudo ejercer plenamente su cargo porque en los dos años previos a su muerte sufrió un acoso permanente promovido por Huanca y los dos concejales señalados, todos pertenecientes al Movimiento al Socialismo (MAS), señaló por su parte la abogada Valkhiria Lira, defensora de la familia de Quispe.
«No la dejaron ejercer su cargo de concejala electa por el simple hecho de que era mujer y no pertenecía a la sigla política y para ello organizaron grupos de choque donde la golpeaban, le echaban cemento en los ojos, la golpeaban con látigos, la empujaban y eso era cotidiano», manifestó Lira.
En declaraciones a EFE, la abogada señaló que sacar adelante el proceso «ha sido un viacrucis tanto para los abogados como para la familia», en medio de rechazos, imputaciones defectuosas, objeciones, sobreseimientos y negativas de la Fiscalía a realizar una inspección ocular, entre otros obstáculos.
También hubo «amenazas a los testigos, a las víctimas, a los abogados», pero finalmente la Fiscalía presentó la acusación más de diez años después del asesinato y el juicio avanzó en los últimos once meses, indicó Lira.
Expectativas y realidad
La defensa de la familia de la concejala ha pedido 30 años de cárcel para los acusados.
La lectura de sentencia se esperaba para esta jornada en la audiencia conclusiva que, no obstante, fue aplazada al jueves por la ausencia de los abogados de uno de los acusados.
Villanueva recordó que su sobrina denunció varias veces que la iban a matar sin que ninguna institución interceda por ella y finalmente «todo eso se cumplió».
Según el hombre, las mujeres de las provincias «siempre sufrían» para ejercer como alcaldesas o concejalas y que tras la muerte de Quispe se aprobó la ley 243.
«Gracias a esa ley las mujeres están un poco protegidas, pero ni eso, en provincias sigue lo mismo», lamentó.
Desde 2018 a junio de 2023 se registraron 600 casos de acoso y violencia política en el país y se conoce que al menos 500 denuncias se encuentran en el Ministerio Público, de las cuales solo tres tienen sentencia, según datos presentados el año pasado por la Defensoría del Pueblo.