El violento secuestro y feminicidio de la adolescente escolar Carla Daniela M.R. ha indignado a los pobladores de Bermejo (sur de Tarija), al punto de que la noche del viernes se suscitaron desmanes y enfrentamiento con la Policía, cuya labor fue cuestionada en la resolución del caso.
Según la investigación, la menor de 14 años desapareció el pasado viernes 21 de febrero cuando fue rumbo a la casa de su amiga para hacer tarea. La madre de Carla recibió ese mismo día mensajes de texto en Facebook y fotografías que indicaban que su hija fue secuestrada. Le pedían la suma de 20.000 dólares para su rescate.
El jueves 27 de febrero se logró la aprehensión en flagrancia de tres implicados y se encontró el cadáver de la adolescente camino al Chaco. La autopsia reveló que Carla Daniela fue asfixiada y murió entre el viernes 21 y el sábado 22.
La indignación se apoderó de la población. La junta de padres de familia y jóvenes de Bermejo se movilizaron en demanda de justicia. Hicieron vigilia a la espera de los resultados del proceso judicial contra los acusados.
El viernes se realizó la audiencia contra los imputados por los delitos de secuestro y feminicidio. El acusado Limber Erlan Valencia Estrada, de 25 años, confesó el luctuoso hecho y se sometió a juicio abreviado, en el mismo recibió 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Entretanto, los otros dos acusados, ambos de 14 años, fueron enviados al centro de detención Oasis con detención preventiva.
A pesar de las decisiones judiciales, la población se mantuvo movilizada. En afueras del edificio judicial las protestas no cesaban y hasta se pedía se entregue a los acusados.
La fiscal departamental Carla Oller y el comandante de Frontera Policial, coronel Roberto Siles, tuvieron que explicar lo sucedido a los movilizados. Empero, las declaraciones de las autoridades azuzaron más los ánimos.
Entre los protestantes generó molestia que la fiscal haya calificado como «brillante» la tarea de la Policía y que el Comandante haya destacado la labor investigativa de la fuerza del orden, cuando en realidad la víctima del secuestro terminó asesinada.
Asimismo, los pobladores se molestaron porque la familia de la víctima había dado dinero a la Policía para realizar la transacción a cambio de la vida de su hija.
Mientras se reclamaba a gritos que se devuelva el monto, el Comandante dijo que ese dinero se entregaría a la familia mediante acta.
A pesar de las explicaciones y el intento de un dirigente de apaciguar los ánimos, la protesta se salió de control. Los manifestantes, principalmente jóvenes, empezaron a lanzar piedras al edificio judicial rompiendo varios vidrios del frontis.
Los efectivos del orden, entonces, salieron a resguardar el edificio, intervinieron contra la protesta. Comenzaron con las detenciones de manifestantes y con la gasificación para dispersar a la multitud. Se observó cómo policías reducían a jóvenes y se los llevaban arrastrados.