Nuevamente la corrupción marca la imagen de nuestro país, pero esta vez con la mira concreta en la administración estatal. Se trata del índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), que evaluó la capacidad de 15 países latinoamericanos para «detectar, castigar y prevenir la corrupción». Ese registro estableció un descenso en la puntuación promedio de América Latina por primera vez desde 2020, al caer las puntuaciones en diez de los quince países estudiados. Los peor valorados fueron Venezuela, Bolivia y Guatemala. En cambio los países mejor calificados para combatir la corrupción son Uruguay, Costa Rica y Chile. El Índice fue elaborado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, según la agencia de noticias EFE.
La triste realidad es que ya no extrañan a nadie las valoraciones negativas para nuestro país, luego de los escándalos que continúan afectando la imagen del gobierno y del país, sin que existan mecanismos idóneos ni voluntad política para contener la corrupción y las transgresiones legales que dejan en la impunidad vergonzosos hechos. Los encargados de combatir la ilegalidad aparecen comprometidos en ilícitos. La justicia se mantiene atrapada por el poder político, sin que se den condiciones para devolver la independencia al Órgano Judicial. El narcotráfico actúa con un amplio margen de soltura, y los organismos encargados de combatir esta actividad aparecen cuestionados, y como evidencia objetiva, los más importantes descubrimientos del tráfico se dan desde el exterior, cuyas operaciones son ejecutadas en el exterior, al extremo que los organismos encargados de coordinar a nivel internacional la lucha contra el tráfico de drogas, omiten a las fuerzas especiales antinarcóticos de nuestro país. Otra evidencia es la intención del gobierno de Luis Arce Catacora, de crear una nueva instancia para luchar contra este flagelo. Se trata de un implícito reconocimiento de los mecanismos actuales no funcionan.
Con esos antecedentes, el informe del CCC, solamente confirma algo que está en la conciencia de los bolivianos, precisamente por el mal manejo de la función pública y la deficiente responsabilidad funcionaria, que dan lugar a que las arcas del Estado queden abiertas al abuso y la ilegalidad, alentados por la inoperancia de una justicia politizada que fomenta la impunidad. No es el único estudio que ve las posibilidades permeables a la corrupción. Recordemos que Transparencia Internacional, ubica a Bolivia en el puesto 126 entre 180 países, con una puntuación de 31 puntos sobre 100. TI explica que cero es la peor calificación. Este Índice mide la percepción de cuán corrupto es el sector público de cada país, de acuerdo con expertos y personas dedicadas a la actividad económica.
Desde luego que Bolivia no es el único país donde crece la corrupción y la ilegalidad. La Organización de Naciones Unidas (ONU), sostiene que el 25% del gasto público mundial se pierde por la corrupción. Un informe de la ONU afirma que la corrupción tiene efectos perjudiciales para el desarrollo sostenible en todos los países y su coste es abrumador, según la presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Lachezara Stoeva, durante un encuentro realizado el mes pasado para «aprovechar el poder transformador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16», que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
«La corrupción se lleva más del 5% del PIB mundial. De los aproximadamente 13 billones de dólares de gasto público mundial, hasta el 25% se pierde a causa de la corrupción», afirmó. Un coste que no se limita únicamente a un aspecto financiero, sino que también contribuye a empeorar múltiples facetas colectivas como favorecer la pérdida de recursos naturales, exacerbar la pobreza y la desigualdad, erosionar la confianza y la cohesión social y socava la estabilidad económica y política. A todas estas facetas, añadió que las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables son los más afectados por la corrupción y que, cuando nos encontramos a la mitad de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, urge acelerar la implementación de los Objetivos, un desafío que consideró complicado ya que «la corrupción se interpone en nuestro camino».
Sin embargo, Stoeva declaró que los avances sobre paz, justicia, e instituciones sólidas, tal y como promueva esa meta número 16, pueden generar lo que calificó de «círculo virtuoso». «El Objetivo 16 es un requisito indispensable para la aplicación efectiva de todos los demás. A su vez, este avance se convierte en un factor que permite dar respuestas más eficaces a la corrupción», afirmó. Para conseguirlo, explicó que reducir los flujos financieros ilícitos y combatir la corrupción y el soborno en todas sus formas «son elementos fundamentales de la paz y de unas sociedades pacíficas, justas e inclusivas», señaló.