Perú confronta una crisis política de sensibles repercusiones que derivó en decisiones radicales del presidente Martín Vizcarra, quién determinó la disolución del Congreso de la República, al mismo tiempo que convocó a elecciones parlamentarias para enero próximo. La reacción de la oposición, que dominaba el legislativo peruano derivó en suspender también de sus funciones al Presidente de la República, hundiendo al país hermano en una situación delicada de imprevisibles consecuencias. La OEA se apresuró a actuar y demandó que las partes en conflicto busquen armonizar la situación en base seguimiento del ordenamiento legal.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a cargo de Luis Almagro, mediante un comunicado considera que le compete al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse “respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas», así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución Política. Pidió que tanto el Congreso como el Ejecutivo «realicen gestos que propicien la calma”. La tensa situación fue analizada con diferente posición por los principales medios de comunicación de Perú, pero coincidiendo en que los excesos del Congreso motivaron una reacción desproporcionada del Gobierno.
El influyente diario «El Comercio», en su editorial considera que resulta innegable señalar, antes que todo, que el presidente ha basado su decisión sobre una premisa que varios constitucionalistas serios objetan: la supuesta posibilidad de ‘interpretar’ una actitud del Congreso… «Nada de ello quita, por supuesto, que este Congreso haya sido, en los últimos tres años y poco más, una exhibición diaria e ininterrumpida de desfachatez, prepotencia y obstruccionismo. Que no haya mostrado el menor reparo al momento de blindar a personajes señalados como miembros de una organización criminal», advierte ese periódico y explica que el Congreso, se ha labrado a pulso cada punto porcentual de desaprobación que registra entre la ciudadanía… El cierre de un Congreso es tan lamentable ahora como lo fue hace décadas y, por eso, hemos perdido todos, concluye ese diario.
A su vez, el periódico «Perú 21» analiza la situación señalando «que aquí no se trata de estar a favor de Vizcarra o de la mayoría fujimorista, sino de sacar al Perú de la parálisis en que se encuentra, y cuyas consecuencias económicas paga la ciudadanía todos los días». «No se avizora, por desgracia, mejor horizonte que el propuesto por el jefe de Estado, pese a que también se escuchan voces académicas, algunas de ellas muy autorizadas, que cuestionan la legitimidad de la decisión presidencial, a todas luces producto de la ofuscación, más que de una estrategia debidamente meditada», señala.
«Correo» en su editorial dice que «En la práctica tenemos un Poder Legislativo desconocido por el Ejecutivo, y un Legislativo dispuesto a mandar a su casa a Vizcarra para pasar a investir a Mercedes Aráoz como gobernante». ¿Qué puede traer esto de bueno para el país? Nada. Las próximas horas son decisivas para el Perú. Está el juego la legitimidad de todos los actos del gobierno y del Congreso, y esto es un gran riesgo para la gobernabilidad. Se ha llegado a un límite insospechado que afectará el manejo de un país de 30 millones de habitantes, muchos de los cuales quizá hoy celebren, sin pensar en lo que podría venir más tarde.
Asimismo, La República, uno de los más antiguos periódicos peruanos, afirma que Perú se asoma a un tiempo nuevo, y tiene ante sí una compleja y desafiante oportunidad para renovar la democracia y sus instituciones, abriendo paso al optimismo contra el desánimo y la obstrucción. Aunque doloroso, el parto de esa etapa se ha iniciado. En uso de sus facultades constitucionales, el presidente Martín Vizcarra ha disuelto el Congreso de la República, en respuesta al rechazo a la cuestión de confianza presentada por su gobierno contra el viciado proceso de designación del Tribunal Constitucional (TC). Este rechazo se concretó cuando lejos de debatir la cuestión de confianza, el Parlamento decidió votar por la elección de dos miembros del TC, uno de los cuales fue elegido consumando un fraude electrónico, robándole el voto a una legisladora. Como ha sido anotado de modo reiterado, la mayoría fujimorista y sus aliados han defendido sus intereses relacionados a varios casos de corrupción hasta el último minuto puntualiza ese periódico. Lamentablemente, situaciones como estas no son ajenas a los países donde se debilitan las entidades fundamentales. La frágil democracia latinoamericana en la que se reflejan casi todos los países de la región, da paso a salidas que muchas veces apelan a interpretaciones capciosas de las normas legales, para habilitar situaciones que ponen en riesgo la voluntad del pueblo y la institucionalidad.