¿Cumplen su función económica y social las empresas del Estado? Esta es una duda que queda por la falta de transparencia y la dificultad para acceder a información sobre el estado de resultados de las decenas de unidades económicas creadas por el gobierno. Inclusive la situación de la firma bandera nacional como es YPFB está en una nebulosa. Informes que surgieron desde Brasil señalan que Bolivia no pudo honrar los compromisos de venta de gas el año pasado, situación que deriva en multas. Pero el gobierno asegura que no afectará al país porque el pago tendrá que asumirlo la propia filial de Petrobras en Bolivia.
Esta información permite hacer otra interrogante. ¿No fue nacionalizada Petrobras, como las otras empresas que operan en Bolivia? ¿La nacionalización fue un engaño como dice la oposición? Tal vez algún día se sepa la verdad, por ahora, queda una duda sobre la eficiencia de la empresa más grande del país, ejemplo del gobierno de que la nacionalización funciona.
El hecho es que continua vigente la idea de que el Estado es un mal administrador, no solamente en Bolivia, sino en gran parte del planeta, con honrosas excepciones. La necesidad de buscar mecanismos para un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales en beneficio del pueblo y de los intereses del país, ha impulsado la creación de empresas estatales en varias partes del planeta, con la esperanza lograr beneficios supuestamente mayores a los que pudiesen dejar los capitales internacionales. En algunos países se logran éxitos, pero en la mayor parte de los casos, las experiencias fueron y son lamentables.
Hoy Venezuela, uno de los países con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Es un caso emblemático del fracaso en la administración estatal. La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), hizo conocer datos de una investigación que establece que el Estado venezolano es propietario de 526 empresas, muchas de las cuales, incluyendo la estatal petrolera, arrojaron en 2016 pérdidas millonarias. Desde 2001 y hasta mediados de 2017, durante los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y del actual presidente, Nicolás Maduro, el Estado venezolano pasó de tener 74 empresas a ser dueño de más de 500.
La llamada revolución bolivariana se ha apropiado de estas empresas a través de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y otros mecanismos como el cierre de empresas. Algo que llama poderosamente la atención es el caso de ocho empresas de los sectores petróleo, manufacturero, agroalimentario, financiero y eléctrico que en 2016 arrojaron pérdidas por billones, superando el gasto que se hizo en educación y salud en esa misma gestión.
Uno de los elementos comunes que puede observarse en gran parte de las empresas estatales es la baja en la producción, en calidad, y un aumento considerable en la planilla de empleados y obreros en general, además de evidentes indicios de corrupción. Un argumento manejado desde el siglo pasado decía que aquello que es de muchos termina siendo de nadie, porque no existe el interés esencial para cuidar algo propio. Ese concepto vale para todo proyecto que busca utilidades y rendimiento económico. Pero es diferente a la política de crear empresas dedicadas a manejar determinados bienes que deben favorecer a todos, con la sana motivación del “procomún”, que enarbola el concepto de que algunos bienes pertenecen a todos y deben ser protegidos. Los recursos naturales, el aire, el agua, los ríos, los bosques, las selvas son algunos ejemplos del procomún. Pero debemos preguntarnos también, ¿está en esa línea la entrega a capitales internacionales de bosques, territorios indígenas y reservas naturales protegidas para buscar petróleo o minerales, o inundar las selvas para construir represas?
Las evidencias muestran pocos ejemplos en la historia económica, de empresas estatales exitosas, algunas en Latinoamérica, en oriente medio, en algunos países africanos, y en Suecia, donde operan tanto con capital público total como con inversiones mixtas. Estas compañías estatales suecas son financiadas por sus ingresos, y no bajo subvenciones estatales. Otras empresas estatales que logran ganancias están en China, donde un sector se ciñe a normas internacionales y otro opera marginalmente pagando bajos salarios, incurriendo en explotación de obreros y hasta el empleo de presos como trabajadores, además de la baja calidad de producción, y una manera flagrante de evitar el pago de patentes, derechos de marca y un absoluto irrespeto a los derechos intelectuales y de autor.