La libertad de expresión es en esencia la columna vertebral y factor imprescindible para la vigencia de todas las libertades ciudadanas, así como de los derechos humanos. Solamente con un marco de respeto a este principio es posible además vivir en democracia, y lograr que la gente exprese sus sentimientos, opiniones, demandas, observaciones e inquietudes sobre todos los ámbitos de la vida por cualquier medio de comunicación y difusión sin que por ello sea molestado, apresado o perseguido.
Lamentablemente no siempre se respetan estos derechos y no faltan las aviesas intenciones por coartar las prerrogativas fundamentales de los ciudadanos, entre las que figura la necesidad del pueblo de conocer y pronunciarse sobre todo aquello que afecte a su modo de vida. La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta son la base de sustento para el ejercicio de estas libertades, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también la legislación y convenios internacionales vigentes. Pero no obstante las abundantes y claras nomas legales, surgen voces y actitudes que intentan coartar la libertad de expresión y amedrentar a periodistas y medios de comunicación. Son precisamente quienes temen la transparencia o tienen algo que ocultar los que buscan restringir la libertad de prensa.
Recurrentemente reaparecen estas intenciones como ahora que se busca evitar los estudios de opinión y hasta limitar al Órgano Electoral su facultad para la autorización del desarrollo de encuestas sobre intención de voto. En esa línea se inscribe también la decisión una conminatoria judicial para que se revelen los nombres de los periodistas que investigaron un caso de tortura. Las organizaciones que agrupan a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, por separado, se pronunciaron rechazando semejantes extremos, ratificando su dedición inquebrantable de defender la libertad de expresión. Asimismo, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó también su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso del abogado Jhasmani Torrico. Esa representación internacional recuerda que, de conformidad con el derecho internacional, y de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión.
Recordemos que la jueza Sofía Camacho del juzgado de sentencia penal de Quillacollo, Cochabamba, determinó aceptar la petición del abogado para que los medios entreguen los nombres de los periodistas que realizaron el seguimiento de este caso. El pedido judicial vulnera varios artículos de la Constitución que garantizan el derecho a la información, a la libertad de expresión, la cláusula de conciencia, las normas de ética y autorregulación. También se infringe la Ley de Imprenta, que determina que el secreto de información es inviolable. Los medios de comunicación determinaron que no cederán a presiones ni revelarán sus fuentes de información. El Ministerio de Justicia observó la decisión judicial y recordó que en el país rige la Ley de Imprenta protegida por la CPE. Es necesario reflexionar sobre la importancia de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son la garantía para impedir abusos del poder y proteger los derechos y prerrogativas ciudadanos. Estas normas son el antídoto contra la prepotencia y el abuso, a la vez que es el mejor conducto para la práctica de la tolerancia, como el conducto de respeto a las opiniones ajenas. A veces se confunde la libertad de prensa como si fuese un derecho solamente de los periodistas. La realidad es que se trata de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y su derecho a conocer todo aquello que le concierne y que puede afectar o beneficiar los intereses colectivos. Los periodistas son el medio entre las fuentes de información y la población en general, y de la prontitud y exactitud de las noticias depende que la ciudadanía esté bien informada y orientada mediante los análisis y comentarios.