Los relatos que hacen las mujeres de la Asunta y localidades adyacentes, por la «violencia policial desatada en contra de indefensas esposas, hijos, niños y niñas», divulgada en las redes sociales, tiene que llamar a reflexión al Gobierno. La Constitución Política del Estado Plurinacional (que sufrió varios vejámenes y no se la cumple ni se hace cumplir), y el Código Penal, determinan que constituye delitos penales atentar contra mujeres y niños.
Con llanto en los ojos una mujer dirigiéndose a sus compañeros y compañeras de una subcentral señala: «creí que había estallado la guerra en Bolivia, las balas pasaban sobre nuestros cabezas y retumbaban en los cerros, los policías están bien armados, con cascos y chalecos antibalas, disparan a diestra y siniestra, yo no sabía qué hacer, o defender mi propiedad o ir a recoger a mi pequeño hijo que estaba por los alrededores, bajé de mi casita y mis compañeras me decían que tenía que agacharme que los policías estaban destruyendo todo a su paso y se llevaban garrafas de gas que servía para cocinar alimentos, Evo nosotras hemos votado por ti cuando venías a la Asunta y prometías que viviríamos bien, este es el pago, estamos arrepentidas haberte creído».
Dichos videos reflejan lo que está ocurriendo a pocos kilómetros de La Paz, se impone que el gobierno instruya desistir del juicio contra el Presidente de Adepcoca y convoque a dialogar a los cocaleros de los Yungas para evitar enfrentamientos con bajas que son de lamentar y que causan dolor, llanto y muerte de connacionales. La Dra. Barriga declaró que el Ministerio Público no presentó ni un elemento fehaciente que pruebe que su defendido fuera autor intelectual de los sucesos ocurridos en la Asunta, «es indignante, es un asunto político antes que jurídico» añadió. Más claro, agua.