El Tribunal Supremo Electoral (TSE) efectuó observaciones a 20 artículos y disposiciones transitorias del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, pero al mismo tiempo considera que es “técnicamente viable” realizar las elecciones primarias para los partidos políticos en enero de 2019, que es una de las modificaciones que el oficialismo efectuó a la nueva norma. La posición del TSE se hizo conocer mediante un documento enviado al Senado, y entre las observaciones figura la elección de candidaturas del binomio presidencial (artículo 29°).
Entre las principales observaciones figuran también el mandato del Órgano Electoral Plurinacional para la supervisión y acompañamiento en los procesos de democracia interna (artículo 30°), y en la conformación de alianzas (artículo 49°). Pero existen muchas más dudas sobre el contenido de la norma, ya que, por ejemplo, solamente reconoce a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y a las organizaciones de pueblos indígenas. Pero no toma en cuenta a las plataformas ciudadanas, que se han convertido en un evidente recurso de participación ciudadana y mecanismo de acción política que aglutina un amplio conglomerado de afinidades sobre la coyuntura actual.
Esta situación obligaría a las agrupaciones que surgieron para defender el voto ciudadano expresado en las urnas el 21 de febrero de 2016, a asociarse o quedar fuera de los alcances de la nueva ley. A ello se suman los cuestionamientos a las alianzas y la determinación de que para ser candidato se tiene que pertenecer a algún partido, hecho que representaría un retroceso frente a los avances logrados en la anterior ley que rompió el monopolio de los partidos. Evidentemente, los políticos que deseen postularse, de acuerdo a la nueva norma, deben pertenecer a un partido ya conformado, hecho que impide nuevos liderazgos.
En el caso de las elecciones internas en los partidos y agrupaciones políticas, adelantadas por el oficialismo, el TSE cree que técnicamente es posible que se logre efectuar hasta enero, pero al mismo tiempo «considera que en términos del actual proceso político, es deseable que su implementación sea progresiva, abriendo la opción de que las organizaciones políticas definan de manera facultativa su realización hasta las elecciones generales 2024».
El proyecto de ley original propuesto por el TSE justificaba esa idea, pero la mayoría oficialista cambio el contenido del proyecto, precipitando las elecciones internas para enero de 2019, y pretendiendo que ese paso sea vinculante para el proceso eleccionario. Pero apenas se conoció el proyecto, surgieron susceptibilidades sobre sus efectos. Y esta suspicacia sin duda se justifica después de las recurrentes transgresiones a la Constitución Política del Estado, a las normativas vigentes, y el intento de una nueva reelección de los actuales gobernantes pese a las prohibiciones expresas de la carta magna. Una actualizada ley de organizaciones políticas, sin duda, es una necesidad para adecuar a los tiempos actuales los derechos y limitaciones de los partidos y las agrupaciones ciudadanas.
Pero como existe el antecedente de que en otras normas se incrustaron decisiones atentatorias a los derechos y libertades, hoy todo lo que nace del oficialismo o lo reestructura, genera susceptibilidad, y en este momento ni el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), se salva, pese a que en su labor al administrar los diferentes comicios la mayoría de sus miembros mostraron ecuanimidad y respetaron la voluntad ciudadana, hasta donde se puede saber.
Después de haber sido presentado el proyecto original a la Asamblea Legislativa, la presidenta del TSE, Katia Uriona, explicaba que de aprobarse la noma, la posibilidad de elecciones primarias solamente se aplicaría a partir de los comicios de 2024. Lamentablemente, el oficialismo decidió adelantar la agenda electoral, y en este momento obliga a los políticos a adecuar su legalidad en dos meses si quieren alcanzar a inscribirse hasta noviembre y cumplir sus elecciones internas en enero próximo.