El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró este sábado que la Policía Boliviana hace una uso «racional» de la fuerza, en las protestas sociales que piden la libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis política de 2019.
A través de varios mensajes en Twitter, Del Castillo aseguró que la Policía «se maneja doctrinaria y constitucionalmente bajo el criterio del uso necesario, proporcional, legal y racional de la fuerza» y que «bajo ningún motivo» excede ese principio.
Asimismo, responsabilizó a «grupos radicalizados y paraestatales» de causar «violencia y dolor» durante las protestas que se han producido en Santa Cruz en los últimos días.
«Exhortamos a ese sector de la población que deje los excesos en sus protestas, éste es un tema jurídico que debe resolverse en esas instancias», remarcó el ministro.
Por su parte, la Policía reportó al menos 42 arrestados durante el enfrentamiento que en la víspera enfrentó por varias horas a quienes piden la libertad de Camacho y los efectivos de la fuerza pública que respondieron con gases lacrimógenos.
A esto se suman tres propiedades públicas afectadas, entre ellas las oficinas de Impuestos Nacionales y la el Servicio de Registro Cívico (Serecí), cuatro vehículos destruidos, 35 motocicletas secuestradas y dos policías heridos.
Pese a esto, los medios han publicado y se han difundido varios videos en las redes sociales en los que los efectivos de la Policía amenazan a quienes graban los excesos de la fuerza pública, así como las detenciones de manifestantes a los que se llega a golpear en el piso.
La Defensoría del Pueblo y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) han pedido «garantías a la libertad de prensa» debido a los casos en los que la policía ha disparado granadas de gas y perdigones directamente contra la integridad de algunos periodistas.
En tanto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, mencionó que los hechos de violencia que han afectado varias entidades públicas del nivel nacional «son autoatentados» y responsabilizó a los grupos oficialistas de consumar esos hechos.
Las protestas en Santa Cruz piden la libertad del gobernador de ese departamento que el miércoles pasado fue arrestado por la Policía y trasladado a La Paz, acusado de terrorismo por el caso «golpe de Estado I» relacionado a la crisis política de 2019.
Ese año las manifestaciones ciudadanas denunciaron un fraude en las elecciones que fueron anuladas y derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que denunció un golpe de Estado en su contra.
El viernes en la madrugada un juez dictó cuatro meses de detención preventiva para Camacho, que debe cumplir en un penal de máxima seguridad a 35 kilómetros de La Paz.