El Gobierno justificó este miércoles la expulsión de un activista cubano al afirmar que «no puede interferirse en cuestiones políticas de un país» a raíz de unos tuits que el hombre publicó contra el Gobierno de Cuba.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo a los medios que «cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal y vigente» y que si la Dirección General de Migración ha determinado que el ciudadano cubano ha «incumplido las normas» entonces debe «retirarse del país».
«Cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravención o incluso delitos va a tener que cumplir la sanción correspondiente», indicó Del Castillo.
El lunes el activista cubano Magdiel Jorge Castro denunció que Migración en Bolivia definió expulsarlo al acusarle de supuestamente alterar el «orden público» y que le presentaron una carpeta con las publicaciones que realizó en Twitter, por lo que debe dejar Bolivia, donde tiene la residencia, en los próximos 15 días hábiles.
Del Castillo sostuvo que un tuit «no es un delito», pero que en Bolivia «no van a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero».
«Está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país», dijo.
El activista cubano criticó que Bolivia «esté utilizando sus oficinas públicas para otorgarle a La Habana el derecho de expulsar de un Estado de derecho a un ciudadano por sus opiniones políticas», además recalcó que cumplió con todos los procedimientos para ser residente en Bolivia.
Además denunció que el personal de Migración tenía un expediente con sus publicaciones en las redes sociales «como acostumbra a hacer el Gobierno y la seguridad del Estado con los activistas de Cuba» y que en ninguna publicación menciona a Bolivia.
El Gobierno de Luis Arce es aliado político del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el mandatario boliviano estuvo la semana pasada en la isla para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).