El Gobierno de Luis Arce presentó este lunes al Parlamento un proyecto de ley «para la prevención y la lucha contra la corrupción» que establece la renuncia voluntaria al secreto bancario de las empresas privadas que se adjudiquen contratos con el Estado.
El aspecto «más relevante» del «Proyecto de Ley para la Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción» dispone que las empresas abran una cuenta y que «puedan prescindir del secreto bancario» para que el Estado realice el «seguimiento» de los pagos, destacó el mandatario.
Arce indicó que la propuesta busca «dirigir toda la artillería a la prevención» de la corrupción y no solamente establecer sanciones o castigos cuando se descubren hechos fuera de la ley.
Durante la presentación del proyecto en la casa de Gobierno en La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que la iniciativa prevé además la «verificación» de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos.
También comprende el seguimiento y control de todos los procesos de contratación de los distintos niveles del Estado, la designación e incorporación de personal y el análisis de la información pública para aplicar el sistema de gestión de riesgos, indicó el ministro.
Lima refirió que se incorporará la «obligatoriedad del registro de operaciones financieras» en las contrataciones del Estado y que las empresas que cumplan con las reglas de transparencia formarán parte de «una lista de integridad empresarial».
Por su parte, la viceministra de Transparencia, Julia Ríos, remarcó la necesidad de la «verificación en línea» de la declaración jurada de bienes y rentas que realizan los funcionarios públicos, ante la «réplica» o no actualización de información que anualmente se registra en esos reportes.
Ríos señaló que para ese control será útil el funcionamiento de un «sistema interoperable de verificación» que articule la información de registros de propiedad de inmuebles, vehículos y vínculos familiares, entre otros.
«La cantidad de información que tiene el Estado nos obliga a tomar medidas de digitalización y uso de tecnología», dijo por su parte el ministro Lima.
El proyecto de ley, que consta de ocho artículos, también establece modificaciones penales como «la prohibición temporal para el ejercicio de la función púbica» y agrava la pena privativa de libertad cuando un funcionario del Estado incurre en la falsedad de su declaración jurada de bienes y rentas.
Asimismo, en la entrega del proyecto de ley se mencionó que el Ministerio de Economía trabaja en un sistema de «licitación electrónica en tiempo real» para que también se aplique en la contratación de obras mayores.
Esta propuesta del Gobierno se produce después del encarcelamiento en mayo del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos, quien es investigado por presuntos sobornos y cobros irregulares a empresas privadas para favorecerlas en la adjudicación de obras.
Este y otros casos anteriores generaron las críticas de la oposición y del ala «evista» del Movimiento al Socialismo (MAS) que acusaron al Gobierno de Arce de proteger los hechos de corrupción.