La Defensoría del Pueblo informó este lunes que en lo que va de año se registraron 40 casos de acoso y violencia política contra mujeres elegidas autoridades, que incluyen amenazas, hostigamientos y agresiones físicas.
En una rueda de prensa, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó que estos hechos son de «alta preocupación» por el «patrón de violencia» que presentan, a lo que se suman los «compromisos forzosos» para «limitar la participación de las mujeres» en instancias de decisión.
Callisaya indicó que entre 2012, año desde el que Bolivia tiene en vigencia una ley contra la violencia política, y octubre de 2022 se han acumulado 515 casos, de los que únicamente tres han llegado a una sentencia, según datos de la Fiscalía.
A estos se suman los 40 hechos que la Defensoría del Pueblo ha registrado en lo que va de 2023.
Uno de los casos más conocidos es el de la concejala Juana Quispe, asesinada en 2012, del que en marzo pasado se cumplieron 11 años sin que hasta el momento se tenga una condena judicial.
El caso de Quispe se considera emblemático porque terminó de impulsar la promulgación de la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política, pero por ahora los responsables están impunes.
En este suceso los principales acusados son el entonces alcalde de la población de Ancoraimes, Félix Huanca, además de Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente, todos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Callisaya también se refirió a unas 370 renuncias, entre 2016 y 2022, de mujeres que cumplían labores de autoridades electas que se atribuyen a situaciones de acoso y violencia política, según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) tomaron algunas acciones para enfrentar esta situación, como la difusión de información de prevención contra el acoso y violencia política junto al seguimiento de las denuncias presentadas.
Además está el impulso para conseguir que todos los concejos municipales cuenten con un sistema de videograbación de sus sesiones, ya que menos de la mitad de las más de 300 asambleas municipales del país tienen ese recurso.
Entre los últimos casos está la golpiza sufrida por la asambleísta departamental del MAS Muriel Cruz en Santa Cruz a manos de un grupo de activistas, por la que estuvo hospitalizada por varios días.
La Justicia ordenó la detención preventiva de varios de los supuestos agresores de Cruz, mujeres y varones, entre señalamientos de que no se dio con los verdaderos responsables y que hubo aprehensiones injustas.
También la concejala del MAS en La Paz Eliana Paco acusó a su colega del mismo partido Pierre Chaín por acoso, violencia política y discriminación y su denuncia fue admitida por la Fiscalía.