El Gobierno presentó este lunes, por segunda vez, un proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad en los casos de infanticidio, violencia y abuso sexual, con el fin de «reforzar» los castigos en contra de los agresores.
La ‘Ley de protección reforzada para infantes, niños, niñas y adolescentes’ se presentó en un acto en la Casa de Gobierno, en La Paz, con la presencia del presidente Luis Arce, quien envió el texto con la iniciativa de ley al Parlamento para su aprobación.
El proyecto de norma busca «perseguir incansablemente» a los agresores de menores «hasta castigarlos» y crear «un ambiente donde las víctimas se sientan seguras para denunciar y buscar ayuda», dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
Lima también señaló que el instrumento legal promueve «la creación de mecanismos para el esclarecimiento de la verdad» en los hechos que prescribieron, así como la «agravación de penas» en casos de «violencia extrema» como el infanticidio y delitos contra la libertad sexual.
El ministro mencionó que el proyecto de ley «responde a las recomendaciones y compromisos del sistema de derechos humanos» y toma en cuenta las recomendaciones que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe reciente.
Por su parte, el presidente Luis Arce señaló que el proyecto de ley «modifica» algunos artículos del procedimiento penal y el código penal «que tienen que ver con la imprescriptibilidad» de los delitos cometidos y añade el de «violación incestuosa».
Arce dijo que «es necesario» que se aprueben este tipo de normas y que la sociedad «no perdone la violencia» además que no se puede prevenir estos casos de agresiones físicas y sexuales «si no se castiga» a los autores.
Esta es la segunda ocasión que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley para aprobar la imprescriptibilidad de los delitos contra los menores de edad, después del texto que envió en mayo de 2023 y que cuatro meses después fue rechazado por el Parlamento.
El primer proyecto se entregó al Legislativo unas semanas después de que el medio español El País publicara una investigación sobre el diario del sacerdote jesuita Alfredo Pedrajas, quien vivió en Bolivia y falleció en 2009, en el que habla sobre los abusos que cometió contra decenas de niños y adolescentes bolivianos.
Arce espera que en esta ocasión exista una «profunda reflexión» del Parlamento a la luz de los últimos casos de infanticidio de amplia difusión en los medios y los que generaron la preocupación de la población además de la organización de protección a la infancia.
Sin embargo, en la sesión legislativa que se desarrolló en septiembre del año pasado, la mayoría de los parlamentarios se opusieron a la aprobación de esa norma, con lo que el proyecto fue archivado.
«Tenemos una encomienda para los senadores y diputados (…) exigimos y pedimos de todo corazón que todas estas personas que han cometido estos crímenes paguen y no se escuden en plazos y procedimientos», dijo Ana Ferrufino, presidenta del Comité Plurinacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Bolivia.
La Fiscalía reportó 10 infanticidios en lo que va del año, de los que uno tiene sentencia mientras que los otros están en varias etapas del proceso judicial.
El Ministerio Público entre 2020 y 2022 unos 5.063 casos de abuso sexual, 4.493 de estupro, 4.985 de violación y 4.141 de violencia familiar, entre otros delitos, contra menores de edad.