El Estado es demasiado condescendiente con los mineros que depredan el territorio nacional e incumplen las normas medioambientales, especialmente en la explotación de oro. El norte de La Paz y los ríos de Beni, Pando están infectados con operaciones auríferas en su mayoría ilegales. Para colmo de males, se meten a las áreas protegidas. La tolerancia hacia ese sector genera serias dudas en por lo menos dos casos concretos. Se trata de un proyecto de ley que está actualmente en el Senado, que establece la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas para que operen en las provincias Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz, proyecto que está ahora en el Senado, y que ha sido observado por la Defensoría del Pueblo. El otro caso tiene que ver con la intención de la Vicepresidencia del Estado de abrogar una ley municipal de Alto Beni, que declara a ese municipio como «ecológico y libre de actividad y contaminación minera»; activistas medioambientales creen que la eventual derogación de la norma ayudará al ingreso de cooperativistas mineros a la zona, sobre todo auríferos.
En el primer caso, las observaciones de la Defensoría del Pueblo están relacionadas a que no existe claridad en la información disponible sobre si estos 19 contratos mineros tienen estudios de impacto ambiental. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó a la Cámara de Senadores una respuesta al Requerimiento de Informe Escrito (RIE) enviado sobre el tratamiento de los 19 contratos mineros, que aguardan ser considerados en el pleno senatorial. Callisaya observó que, si esta instancia legislativa no cumple con la emisión de esta información, está incumpliendo uno de los pilares del Acuerdo de Escazú suscrito por Bolivia como país miembro, el cual establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información para que la población conozca sobre proyectos que puedan tener impacto en el medio ambiente. Por mandato de la Constitución Política, la Ley 535 y la Ley 1333, los actores productivos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales; cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, por lo cual están obligados a prevenir, controlar; reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar las áreas explotadas. La Defensoría demanda información para establecer si se cumplen estos requerimientos.
El otro tema tiene que ver con la intención de La Vicepresidencia que busca abrogar una ley municipal de Alto Beni, que declara a ese municipio como «ecológico y libre de actividad y contaminación minera». El alcalde de Alto Beni, Beltrán Márquez, sus concejales y otras autoridades fueron convocados a una reunión en la Vicepresidencia. Una nota de Edwin Conde Villarreal que publica Brújula Digital, señala que la razón de la Vicepresidencia para intentar que el municipio abrogue esa ley, es que supuestamente, impide aprobar otra, de alcance nacional, de defensa del patrimonio natural.
En la reunión se confirmó que el vicepresidente David Choquehuanca presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que sean declarados nulos los artículos 1, 2, 3 y 6 de la ley municipal mencionada, por interponerse a «competencias exclusivas del nivel central, según los artículos 297 y 298 de la Constitución Política del Estado que se refieren a los recursos naturales estratégicos que incluyen minerales, recursos genéticos, biogenéticos y fuentes de agua». Choquehuanca también ha pedido que deje sin efecto la Ley Autonómica Departamental 89 de Santa Cruz, que protege varias áreas ricas en biodiversidad y como fuentes de agua.
No asistió Choquehuanca, estuvo presente el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, y el abogado Rudy Flores. El alcalde Márquez remarcó que la zona trabajó 50 años para consolidarse como agroecológica y que, gracias a ello, por el momento no hay cooperativas mineras operando en la región. Dijo que cumplirá con el mandato de sus votantes en sentido de mantener la región sin contaminación minera. La concejala Nancy Chambi agregó que su municipio no modificará la ley mencionada.
Debido a esa ley municipal, no se pueden autorizar «cuadriculaciones» y ningún tipo de autorizaciones para la actividad minera dentro de la jurisdicción. Alto Beni se encuentra en la provincia Caranavi, del departamento de La Paz y junto a Palos Blancos y Sapecho trata de diversificar su producción agrícola, pese a la presencia de grandes plantaciones de coca. Sin embargo, la zona también produce diversos cítricos, café y cacao, que por ejemplo es usado por el chocolate El Ceibo. Márquez dijo que su municipio está orgulloso de tener una de las reservas más importantes de agua dulce en la serranía de Bella Vista. Durante la reunión, Alurralde reiteró que la Vicepresidencia no está en contra de la ley municipal 097 pero que se necesita evitar «conflicto de competencias». El abogado Flores, por su parte, expresó que la Asamblea Legislativa tiene como mandato aprobar la Ley de Patrimonio Natural y su regulación y que en la misma está incluido el municipio de Alto Beni. Pero las autoridades de Alto Beni retornaron a su municipio y reiteraron que no aceptarán la abrogación de la ley.