Un juez dictó este miércoles detención preventiva por cuatro meses para Carlos Schlink, exviceministro de Tesoro y Crédito Público, por el caso de un crédito internacional que, según el Gobierno, causó daño económico al Estado.
«Me han dado medidas de detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro» de La Paz, dijo Schlink a los medios a la culminación de su audiencia judicial.
El exfuncionario del Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez manifestó que se trata de «un caso político» y que fue detenido a pesar de que él no firmó convenio o gestión para la obtención en 2020 de un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
«No he hecho ningún daño económico al Estado, lo único que he hecho ha sido trabajar de manera transparente», mencionó Schlink cuando de la audiencia judicial era trasladado a una carceleta en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.
El préstamo del organismo internacional fue observado por una aprobación sin consentimiento del Parlamento, que en ese momento planteó varias observaciones como la falta de documentación de respaldo.
El préstamo fue devuelto al FMI en febrero de este año por la Administración del presidente Luis Arce, que además incluía un recargo por comisiones e intereses de 4,7 millones de dólares, por lo que se consideró que aquella gestión también afectó las cuentas estatales.
Schlink argumentó que la autoridad que se encargó de hacer esas gestiones ante el organismo fue el entonces ministro de Economía, «con base en una ley de emergencia sanitaria recurrió al FMI para conseguir recursos y atender la pandemia».
El pasado sábado, Schlink fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, justo antes de viajar a Punta Cana (República Dominicana), luego de haberse casado a pesar de que no pesaba sobre él alguna alerta migratoria o arraigo, informaron medios locales.
La autorización de ese crédito internacional también forma parte de una de las tres proposiciones acusatorias presentadas por la Fiscalía ante el Parlamento boliviano para pedir el juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina Áñez.
La exmandataria cumple reclusión de más de tres meses en una cárcel en La Paz por un proceso abierto en su contra denominado «golpe de Estado». Está acusada por delitos como terrorismo, sedición y conspiración a raíz de la crisis política y social que atravesó el país en 2019.