La presidencia de la Cámara de Diputados convocó este miércoles a una sesión del pleno el jueves para recibir el informe de la comisión que analiza los proyectos para una ley sobre el censo de población que demandan los sectores en conflicto por ese asunto.
La sesión está prevista para las 18:00 de este jueves para abordar, entre otros puntos, el informe de la Comisión de Constitución «referente a todos los proyectos de ley que se han presentado con relación al censo de población y vivienda», dijo a los medios el presidente de la Cámara baja, el oficialista Jerges Mercado.
«Había prometido que íbamos a resolver este tema el lunes pasado. Lamentamos que no se pudo, no imaginábamos que iba a haber tantos proyectos de ley y que iban a surgir también dificultades en la comisión correspondiente», señaló.
El diputado recordó que se presentaron seis proyectos, pero varios «han sido retirados», por lo que instó a los miembros de la Comisión de Constitución «a que pongan su máximo empeño» para entregar «a la brevedad posible el informe correspondiente».
Mercado aseguró que convocó a la sesión «escuchando el clamor de la gente», después de que el lunes se suspendiera otra a falta del informe de la citada comisión que en esta jornada volvió a entrar en receso sin fecha de reanudación por unos altercados a los gritos entre oficialistas y opositores.
El parlamentario sostuvo que «hay una voluntad férrea» de la directiva camaral para que este jueves haya «humo» blanco sobre este tema y que, si es necesario, se trabajará «por tiempo y materia» y «por dispensación de trámite».
El censo debía realizarse el pasado 16 de noviembre, pero el Gobierno de Luis Arce lo postergó para 2024 argumentando «problemas técnicos», lo que causó el rechazo sobre todo de Santa Cruz, que el 22 de octubre inició una huelga indefinida por la pronta realización de la encuesta nacional.
Arce firmó hace unos días un decreto que fija el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024 y anunció que aspectos relevantes como la entrega de datos oficiales será en septiembre de ese mismo año.
No obstante, los líderes cruceños insisten en que haya una ley que, además de la fecha, marque los tiempos de entrega de los datos finales de la consulta hasta septiembre de 2024, para que la nueva distribución de escaños parlamentarios y recursos se aplique para 2025, año de elecciones nacionales.
Una vez que el proyecto se trate en la Cámara de Diputados pasará luego al Senado, donde el oficialismo anticipó que se cumplirán todos los trámites reglamentarios para su análisis, lo que supone que la solución al conflicto no será pronta.
Además, la bancada oficialista está dividida entre legisladores que consideran que una ley ayudaría a solucionar el conflicto y quienes aseguran que basta con el decreto presidencial.