Cuando alguien ingresa en la cárcel de San Pedro, un grupo de presos lo secuestra y lo tortura mientras otro llama a su familia para exigir dinero. Después, deberá pagar también al «consejo de delegados» por tener una celda, por recibir visitas y, si quiere, por tener alcohol y drogas. Tendrá que hacerlo incluso el día que quede en libertad si quiere llegar con vida a la puerta de salida.
Son cuatro muros de piedra y barro de diez metros de alto en el centro de La Paz, un territorio con reglas propias donde unos cuantos sacan provecho de la culpabilidad, de la necesidad de protección y de las ansias de libertad de sus residentes.
Hay más de 2.000 presos abigarrados en su interior, más del doble de la capacidad de este búnker construido en el siglo XIX.
La extorsión, las torturas y la venta de drogas y alcohol en su interior son un eslabón más de una cadena de deficiencias que provienen de un ineficaz sistema judicial, cuyo mayor problema es el retraso de las causas.
En el penal de San Pedro, donde los presos únicamente son varones, el grueso de la población está detención preventiva, sin sentencia, y los que ya tienen condena firme han tomado las riendas del lugar.
Celdas a 20.000 dólares
En San Pedro hay celdas que parecen una suite de hotel. Tienen televisión, teléfono, baño privado y hasta una pequeña sala de descanso, relata una mujer que suele visitar a uno de los presos y que prefiere no decir su nombre.
Las habitaciones se alquilan e incluso se venden. Es un negocio administrado por el «consejo de delegados», una instancia creada por los reclusos. Se ofertan celdas entre los 5.000 y los 20.000 dólares. Las más caras están en una sección llamada «La Posta», donde residen los prisioneros más adinerados. Hay más, como Álamos, Prefectura, Guanay, Chonchocorito o San Martín, conformadas por pabellones antiguos en los que se han construido improvisadamente habitaciones a las que se accede por zaguanes y recovecos.
Cuando un preso es nuevo, de inmediato debe «gestionar» el derecho de estar en un sector y luego en una sección, y para ello debe pagar por etapas. Los primeros pagos y la posibilidad de pisar un espacio no incluyen la celda, comida especial, seguridad o visitas maritales, por lo que se exigen desembolsos adicionales.
Muchos al llegar se desesperan por hacerse con una celda con baño propio, ante la advertencia inicial de que ir a los sanitarios comunes «es absolutamente peligroso». En ellos hay agresiones, golpizas o puñaladas.
La Policía, según cuenta la mujer, solo controla el ingreso. En ninguna de sus frecuentes visitas ha visto a un uniformado en el interior de la instalación. El orden está en manos de la llamada «seguridad» de los internos. Los agentes solo entran en el área de los presos cuando hay situaciones extremas.
Entre otros pagos, se exigen casi tres dólares a los visitantes varones en días no autorizados, o treinta centavos de dólar que se da a los «taxis», unos reos uniformados encargados de encontrar al que recibe visitas.
Aquí paga hasta quien consigue la libertad. Tiene que hacerlo para poder salir de sus muros.
Droga más barata que el alcohol
«La cocaína está campante en la cárcel de San Pedro», asegura el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, quien ha dirigido las cárceles bolivianas en diferentes ocasiones. «Te hacen drogadicto en la cárcel, porque te dan la droga y te endeudan (…). Entonces te conviertes en el robot de esas personas (otros prisioneros)», asevera.
La autoridad actual del sistema penitenciario, consultada por EFE, ha preferido no hablar de este asunto.
Adán Zambrana, un exreo que estuvo tres años en esta cárcel por narcotráfico, cuenta que las drogas son más baratas que el alcohol. Un litro de alcohol doméstico que cuesta casi 2 dólares puede llegar a valer hasta 43 en San Pedro, mientras que la cocaína, marihuana o drogas sintéticas que se ofrecen con sigilo en los pasillos de la cárcel valen un poco más de un dólar, según diferentes fuentes.
«Una botella de whisky (común) que fuera vale como unos 200 a 300 bolivianos (28 y 43 dólares) allá adentro vale como unos 1.500 a 2.000 bolivianos (de 215 a 287 dólares)», recuerda Zambrana.
Los precios de las bebidas y de las drogas se elevan en San Pedro cada vez que se celebra alguna fiesta.
Llanos, Zambrana y la informante coinciden en que la Policía es la directa responsable de que las drogas y el alcohol ingresen con facilidad.
El tabaco y alcohol están prohibidos en los espacios comunes durante las visitas, pero los ojos enrojecidos, las pupilas dilatadas y los comportamientos atolondrados delatan lo contrario.
Torturas entre reclusos
«¡Sufro muchas amenazas, vejaciones, hostigamiento! (…) ¡Me amenazan de muerte, amenazan a mis hijos a mis hijas, me incomunican con mi familia!», denunció un recluso extranjero en un audio al que tuvo acceso Efe, en el que acusa a sus compañeros de ser una «organización criminal».
En la grabación, el preso denuncia supuestas torturas con descargas eléctricas en las piernas y en los genitales. «¡Pido clemencia, yo estoy viviendo momentos difíciles, no tengo nada!» suplica el detenido.
Las tres citadas fuentes confirman que las torturas entre los propios reos son algo frecuente.
Cuando llega alguien que se sabe que tiene dinero, «lo secuestran dentro de la misma cárcel», entre varios lo llevan a una celda donde pueden retenerlo o golpearlo mientras que otro es el encargado de llamar a la familia para pedir dinero, cuenta la mujer.
«Amenazan a las personas con matarlas (…), se quiebran, por las torturas, por las vejaciones. Las presiones hacia las familias son muy grandes y entonces tienen que mandar dinero», agrega el exdirector penitenciario.
Sobre las torturas «nadie sabe» o son un secreto, apunta Zambrana, como aquella de un joven acusado de violación, hace años, que estaba con la «cara reventada» y al que se obligó a llamar a su familia «llorando» para conseguir un monto de dinero.
También narra cómo vio los azotes a otro sujeto con «cables de alta tensión», al extremo de «hacerle sangrar» y desgarrarle la piel de los glúteos.
Estos procedimientos tienen pasos que se han institucionalizado. Los llamados «delegados» primero verifican la ficha del recluso nuevo, valoran su delito para tasar un precio y luego pueden llegar a hostigarlo y golpearlo hasta que ceda a cambio de dinero. Los condenados por violación son los que peor trato reciben. «Los violan dentro y los golpean», asegura la mujer. Lo hacen para hacerles sentir quienes «son sus jefes».
Los que no tienen dinero o familia están condenados a «deambular» por los pasillos. Son los «sin sección», cuya tortura es dormir en espacios comunes como pasillos o los aleros de las puertas de algunas celdas como «perros guardianes», precisa Llanos.
La vida sexual de los reclusos
La mayoría de las visitas maritales camuflan la entrada de prostitutas, unas 35 «por noche», según Llanos. Ellas deben pagar unos 21 dólares por ingresar, y quienes las reciben deben desembolsar un pequeño tributo al consejo de delegados.
En esta grave secuencia entran además las enfermedades de transmisión sexual, que proliferan sin que nadie quiera hablar del tema.
«Si quieres mujeres de 18 o 20 años, ahí las tienes. Así no más funcionan las cosas», confirmó a su turno Zambrana, que hace unos meses volvió a las celdas de San Pedro por incumplir el pago de una manutención familiar.
Estas dinámicas dentro de San Pedro salieron nuevamente a la luz cuando las autoridades bolivianas, tras una redada en junio pasado, separaron y enviaron a otras cárceles del país a unos 36 reclusos acusados de tener privilegios como negocios, cobros de dinero y la venta de «seguros de vida», una garantía de protección por la que también cobraban.
Aquella vez se identificó además a unos 400 reclusos que no tenían celdas y que estaban obligados a dormir en los pasillos, por lo que se dispuso la rotación del personal y el relevo del gobernador del penal.
En septiembre, una filtración de audios evidenció que el alquiler y la venta de ambientes se mantenían, por lo que se decidió cambiar de cárcel al cabecilla, un exmilitar recluido por narcotráfico.
En noviembre, el Gobierno interino designó al coronel de Policía José García como cabeza del control penitenciario nacional, después de que ese mando estuviera a cargo de personal civil por varias gestiones.
Pero poco o nada cambiará, manifestaron los entrevistados. Los reclusos se han reorganizado y solo es cuestión de tiempo que todo vuelva a su cauce.