Cabe preguntar ¿Los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del MAS, han cumplido sus responsabilidades y funciones en forma idónea, prístina, transparente, con probidad, sensatez, racionabilidad en la lógica de servir al bien común y al pueblo?
Durante los catorce años del gobierno de dicho partido no se ha efectuado una evaluación y seguimiento de las actividades legislativas de diputados y senadores, contrariamente, sus directivas se han limitado a socapar sus faltas mediante un reglamento de dudosa eficacia.
La Constitución Política del Estado, encomienda delicadas funciones a los parlamentarios, pero estos no han respondido al mandato del pueblo. Es más, los tránsfugas, los que transgredieron normas legales y éticas, o aquellos que no aportaron con una idea, un proyecto de ley o un acto de fiscalización, jamás merecieron una llamada de atención.
Y no es que no se hubiesen denunciado atropellos, ilegalidades y hasta abusos intrafamiliares, o beneficios en función del cargo, nepotismo, tráfico de influencias, delitos, faltas a las sesiones, etc., sino que la mayoría masista se ha coludido con los infractores.
Los parlamentarios de dicha tienda política se han limitado a levantar la mano para aprobar Leyes que ni siquiera las habían leído, en muchos casos, normas atentatorias a la Constitución Política del Estado, como el código penal, que fue rechazado por el pueblo boliviano movilizado, obligando a la Asamblea Legislativa que la aprobó y al ex Presidente que la promulgo –autor del proyecto mediante sus asesores extranjeros y ministros- a abrogar la norma que conculcaba fundamentales derechos y libertades de los bolivianos. Se dio el caso que varios ministros interpelados, que merecían la repulsa, salieron en andas, en hombros de los masistas y con aplausos.
Estos servidores públicos, que en la actualidad no tienen legalidad ni legitimidad constitucional, deben rendir cuentas y ser sancionados de acuerdo a un principio básico de responsabilidad funcionaria, por sus actos u omisiones.
Recordemos que la CPE les asigna responsabilidades esenciales acordes con las normas y sus específicas funciones, y dispone «aplicar sanciones de acuerdo con el reglamento…». El Art. 157 de la CPE dispone que el mandato de los asambleístas es de cinco años, y que se pierde el mandato por varias causas, entre ellas por abandono de funciones por seis días de trabajo continuos y once discontinuos en un año. Por los hechos políticos del mes de octubre y de noviembre 2019, varios de ellos se asilaron en embajadas, particularmente de Argentina y México, incurriendo en abandono de funciones.
Asimismo, la Constitución les encomienda controlar, fiscalizar los órganos del Estado, las instituciones públicas, ¿cuántas acciones de fiscalización -durante los 14 años de los parlamentarios del MAS- se efectuaron a las empresas del Estado? Los últimos informes muestran una desastrosa administración. La mayoría de las empresas estatales están en déficit, endeudadas, prevaleció la corrupción. La omisión en el control y fiscalización de estas empresas hace responsables a los miembros de la ALP y pasibles a sanciones de acuerdo a Ley para resarcir los daños. Ya el incumplimiento de funciones es causal para asumir decisiones drásticas.
El tiempo legal del mandato de los actuales diputados y senadores ha fenecido el 22 de enero 2020.
En momentos tan delicados -como es enfrentar una pandemia- pretenden, mediante un proyecto de ley, impedir actuar a la policía y a las Fuerzas Armadas en el control de la cuarentena destinada a evitar que se produzca una explosiva pandemia en nuestro territorio.
El proyecto de ley sería considerado, posiblemente hoy 20 de abril, para ser, quizá, aprobado en una «sesión virtual».
Cabe especificar que la CPEP determina que las sesiones son presenciales, lo «virtual» no está contemplado en la misma, por lo cual «la aprobación en grande», está viciada de nulidad. Si se quiere modificar parcialmente la Constitución se debe convocar a referéndum, lo que no aconteció y porque no son parlamentarios con legalidad ni legitimidad. Por su ignorancia y «le doy nomas», merecen ser procesados.
Por los hechos ocurridos en el Chapare, El Alto, Pisiga y otros lugares, el objetivo del MAS es hacer fracasar la cuarentena.
La única salida legal es atender los múltiples pedidos para cerrar el parlamento, como ocurrió en el Perú, donde el Presidente Constitucional Martin Alberto Vizcarra, el 30 de septiembre de 2019, ratificada el 14 de enero 2020, cerró el Congreso de esa República, por obstruccionista y sedicioso.
Recordemos que los Comités Cívicos de Oruro, Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba, así como Plataformas Ciudadanas, se han sumado al pedido de cerrar, disolver, la Asamblea Legislativa, que además de constituir una carga económica innecesaria al erario nacional, se ha convertido en punta de lanza contra la democracia y los intereses del pueblo boliviano.