Tenemos claro que lo primero es salvar vidas; después, salvar empleos, pero tenemos que aceptar la realidad, no lograremos inmunidad mientras no exista una vacuna. Hay que encontrar un equilibrio entre ambos imperativos: el sanitario, que es inmediato, y la necesidad de que la sociedad siga funcionando. Debemos ser conscientes de que la crisis tiene graves efectos secundarios económicos, psicológicos y sociales que afectan de una manera u otra a todos. La pregunta clave es si el combate justifica los efectos secundarios, especialmente tener desprotegidos, laboral y económicamente al 63% de los trabajadores informales del país.
Recordemos que el Gobierno ha impuesto de facto la «Declaratoria de Emergencia Sanitaria», nació viciada de origen, sin respaldo Constitucional, encubierta con un verdadero «Estado de Excepción» en el que se restringen derechos ciudadanos y garantías constitucionales. Sin embargo, la respuesta del Estado es incoherente y contradictoria y por lo tanto débil. La imprevisión y la improvisación, como rutina de gestión pública, está conduciendo a que el Gobierno sea sobrepasado y pierda el control del país.
Las consecuencias de mantener el confinamiento con prorrogas estimadas indefinidas, sin flexibilizar paralelamente la actividad productiva y comercial, provoca la desobediencia civil de hecho con perdida peligrosa de la autoridad, siendo el caos la alternativa a la incapacidad de hacer cumplir las normas. Las causas residen en que las decisiones que se toman en los ámbitos de poder están basadas en criterios sanitarios asociados al impacto electoral futuro.
El Gobierno de transición, que esperábamos que funcione con garantías de transparencia, termina avergonzando a los ciudadanos. La bancarrota es ética. La inversión millonaria en redes sociales y televisión en el país y del exterior promocionando electoralmente a Añez, se asemeja a las multimillonarias sumas de dinero «por publicidad» que el expresidente Morales otorgó a quienes (medios televisivos, algunos periódicos y revistas afines al MAS) estaban identificados con su gobierno.
El clima contrario al Gobierno se maximiza. El pueblo reclama convicción y servicio público, una respuesta sanitaria, no electoral ni salpicada de temprana corrupción.
Al hacer oídos sordos al clamor del soberano que demanda la justa restauración de la distribución de curules, una persona un voto, el desalojo del enemigo interior dentro de la administración del Estado y la anulación de la personería del MAS por fraude mayúsculo, el Gobierno de Añez, que de «transición» devino ilegítimamente en candidata, ya no representa a los «pititas».
Bolivia no merece más decepciones. La ineptocracia debe terminar. Al no garantizar la superación de la brecha social que corroe al Estado, pone en riesgo el sacrificio de nuestra democracia.