La preocupación porque la crisis económica llegue a grados imposibles de controlar para los países pobres, se refleja en el riesgo creciente que está obligando a la adopción de medidas urgentes entre los países previsores y los organismos internacionales. Lamentablemente en Bolivia, muy lejos de la necesaria austeridad se cae en el despilfarro y la ausencia de medidas precautorias frente a factores adversos que se ciernen no solo sobre nuestro país, sino en toda la región y el mundo. Analistas e instituciones de investigación advierten de los riesgos de inflación, alza de precios, mayor déficit fiscal y un obligado incremento en las subvenciones a productos esenciales, hecho que haría insostenible el manejo económico y la sostenibilidad de programas sociales.
Tanto las secuelas que dejo la pandemia como los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, están afectando a todo el planeta, al extremo que, según las nuevas proyecciones de la ONU, el PIB global ganará este año 3,1%, casi un punto menos de lo que se estimó en enero. La inflación, en tanto, avanzará una media de 6,7% impulsada por los precios de los alimentos y la energía. El deterioro incluye a los motores económicos: Estados Unidos, China y la Unión Europea. Pero como siempre ocurre, los países más afectados al final resultan ser los países pobres carentes de tecnología y suficientes ingresos.
En nuestro medio, instituciones como la Fundación Jubileo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior y algunos analistas, hicieron conocer su preocupación sobre lo que está pasado. Varias publicaciones de prensa, artículos y análisis hacen notar todos estos riesgos, pero no se ve alguna repercusión en las autoridades nacionales. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) registra que en los primeros tres meses del año, el gobierno importó diésel por un valor de 394,8 millones de dólares. El costo por tonelada fue de 1.036 dólares, superior en 39,2% a los 744 dólares de 2021. En el caso de la gasolina, se importó un valor de 267 millones de dólares con un precio por tonelada de 975 dólares, un 15,8% más que en 2021. En total se compró del exterior combustibles por un valor de 661,9 millones de dólares en tres meses. Para el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, el incremento de las importaciones de carburantes muestra una tendencia al alza debido al crecimiento del parque automotor y la caída en 40% en la producción de hidrocarburos líquidos (2015 a 2022). El parque automotor llegó a 2,1 millones a 2020 y en 2010 era sólo de 961 mil.
El problema de los alimentos también tiende a agravarse por una política insana del gobierno que ataca a los productores en lugar de apoyarlos. A raíz de la escasez de trigo se han acentuado los desacuerdos de los agro-productores con el gobierno, que los amenazó con quitarles la tierra donde trabajan. La producción ha bajado por la sequía, y el alto costo de las semillas e insumos que deben importarse a precios cada vez más altos, precisamente por la crítica situación global que el gobierno persiste en ignorar. Entre el 1 de abril y el 17 de mayo, el precio internacional de la tonelada de trigo pasó de 361 a 469 dólares, situación que obliga al Estado boliviano a destinar mayores recursos a la importación y subvención de harina para evitar un incremento del precio del pan de batalla. Estos casos de combustibles y el pan son factores de alto impacto, pero existen otros rubros que también soportan una presión insostenible, como el caso de las granjas avícolas, la propia ganadería, y la agro producción en general que debe obtener insumos a precios mucho mayores que los que regían hasta antes de la pandemia.
Un estudio del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) sostiene que “La economía mundial enfrenta importantes riesgos a la baja debido a una mayor escalada de la guerra en Ucrania, nuevas oleadas de la pandemia y un endurecimiento monetario más rápido de lo esperado en las economías desarrolladas”, El estudio explica que si bien las rebajas incluyen a las grandes potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea y a la mayoría de los países desarrollados, los países en desarrollo importadores de materias primas serán los más afectados, sobre todo por el incremento de los precios de los alimentos y la energía.
Para los países en desarrollo, DESA prevé un aumento del 4,1% del PIB este año, aunque anticipa un ensanchamiento del déficit fiscal provocado por el incremento de los costos del endeudamiento. “Las condiciones financieras externas más restrictivas afectarán negativamente las perspectivas de crecimiento, especialmente para los países con alta exposición a los mercados de capitales globales con grandes cargas de deuda o en riesgo de impago”. El estudio enfatiza que la inflación en los alimentos y la energía dificultan una recuperación inclusiva porque afectan desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, que gastan una proporción mucho mayor de sus ingresos en víveres.