Una de las peores formas de coartar los derechos y libertades ciudadanas consiste en impedir que la gente concurra a su fuente de trabajo, a cumplir obligaciones inherentes a sus actividades, o a trasladarse de un lugar a otro por razones de salud u otra urgencia. Lamentablemente, en nuestro país, especialmente en la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, los bloqueos de las vías públicas se han convertido en una práctica común que ocasiona graves perjuicios a la comunidad. Es difícil ganar la lucha contra los transgresores violentos y prepotentes, que hacen prevalecer sus caprichos por la fuerza, mientras una tolerancia cómplice dejar pasar hechos de esta naturaleza.
Pero una muestra de que es posible hacer respetar los derechos de todos, surgió de una demanda contra los abusos del sector de los choferes acostumbrados a violar los derechos humanos hasta de los propios transportistas averiando sus vehículos y castigando con chicotazos a los que no se suman a sus movilizaciones. Por lo menos esa es la esperanza que surge de una resolución de la Sala Constitucional Primera de Justicia de La Paz, que reconoce el derecho a la protesta, pero prohíbe los bloqueos de calles, carreteras o vías públicas.
Efectivamente, un recurso legal de Acción Popular fue interpuesto por los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría para, hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos frente a las medidas de presión que asumen los choferes y que en las últimas movilizaciones ocasionaron graves destrozos a los buses PumaKatari y heridas a pasajeros. Esta resolución de la sala Constitucional se basa en derecho de los ciudadanos a transitar libremente, y por lo menos deja como antecedente que bloquear no es derecho y que perjudicar a las personas en su traslado de un puto a otro atenta contra el ejercicio de los más elementales derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y ene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que los choferes anunciaron que en sus movilizaciones efectuarían un «bloqueo de las mil esquinas».
Este tipo de situaciones forma parte de los problemas de inseguridad ciudadana que se manifiestan en diferentes ámbitos de la vida cotidiana del país, con un común denominador que es la violencia, que desgraciadamente cobra vidas, deja personas heridas, destruye bienes y afecta a la sociedad en su desenvolvimiento normal. Son muchos los hechos que demuestran que la intolerancia está ganando mientras las medidas para ofrecer garantías a la ciudadanía son cada vez más vulnerables. La sede de gobierno es la más acosada por la violencia y los excesos de grupos que en su afán de exigir atención al gobierno, protagonizan manifestaciones, bloqueos, detonan cachorros de dinamita o petardos y agreden a ciudadanos que transitan por las congestionadas arterias de la ciudad. Pero la violencia no se limita a la manifestación pública en la sede de gobierno, sino que varias ciudades y poblaciones son acosadas por excesos que la mayoría de las veces deja víctimas.
Lo peor es que están identificados los factores que siembran la violencia, pero en lugar de que las autoridades los limiten, restrinjan o erradiquen, se los incentiva. En nuestro país se dan estos casos y siendo tan graves, no se aquilata su dimensión ni sus consecuencias.
Los riesgos de un descontrol de la violencia en el país son muy altos por el narcotráfico, la coca ilegal y el crimen organizado. Hay un grave problema nacional de inseguridad y violencia, que no se lo puede seguir soslayando, que dejan latente la agresividad e intolerancia que afloran cuando se exaltan los ánimos.