La inseguridad ciudadana crece y el crimen organizado actúa cada vez más desembozado, frente a la intranquilidad ciudadana que se siente impotente frente a la pasividad del gobierno central y de las autoridades regionales, que prefieren dedicar todos sus esfuerzos al odio político, mientras el narcotráfico, el contrabando y la violencia exceden las pobres posibilidades de respuesta de los mecanismos encargados de aplicar justicia. La ejecución de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), ha estremecido al país y elevado la preocupación por el descontrol que existe en la lucha contra el crimen organizado y la violencia delictiva. Si en este momento se evaluara la capacidad de la Policía Nacional para cumplir su riesgosa y delicada función, con seguridad se encontraría que tiene menos poder que el narcotráfico y el crimen organizado.
El país está pagando un costo muy alto por la permisividad hacia las transgresiones que se traducen en varios factores perniciosos, entre ellos, la impunidad hacia los actos de corrupción, la utilización de la justicia como organismo de represión política, el acoso político a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la corrupción dentro de la organización del orden, los vínculos de policías con el narcotráfico y ausencia de los mecanismos judiciales. Todo este enjambre de despropósitos, han configurado un cuadro de inseguridad jurídica que ha sido observado por la mayoría de los organismos internacionales y ha movido a la comunidad internacional y a países amigos a ofrecer apoyo para una urgente reestructuración del poder judicial, hoy considerado como un mecanismo subordinado a la política y al dinero.
En momentos en que la Policía celebra un nuevo aniversario, lejos de festejar tiene muchos motivos para reflexionar sobre su actual situación. Hoy la Policía está sometida también al poder político, y además cercada por amenazas, incapaz de cumplir con sus funciones específicas por falta de medios y muchos de sus miembros acorralados por procesos judiciales políticos. Esa institución debe enfrentar al crimen organizado en desventaja. El resultado se refleja en la presencia abierta del narcotráfico, y la ostentación de poder y riqueza mal habida. En el caso del narcotráfico, desde que los cocaleros son parte del gobierno se ha incrementado la producción de coca y la habilitación de aéreas de cultivo, y se ha elevado la producción legal de 12 a 20 mil hectáreas, mientras crecen las plantaciones en zonas prohibidas, territorios indígenas y tierras fiscales. Hay varios estudios efectuados por organismos internacionales como el «Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2020», elaborado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con financiación de la Unión Europea (UE), que reveló que las plantaciones de hojas de coca en el país pasaron de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas. El destino de esa producción se desconoce, pero como elude los controles legales, se deduce que la mayor parte de esa producción va a fines ilícitos. Pese a esas evidencias poco o nada se hace.
A su vez el contrabando ocupa cada vez más zonas fronterizas y se extiende al interior del país con centros de protección y cuidado de la mercadería ilegal. La permisibilidad es muy amplia, ya que hay mercados negros y ferias en todas las ciudades del país donde el 90 por ciento de los productos provienen del contrabando o de la venta sin factura. A eso se suma que los contrabandistas son cada vez más audaces, imaginativos y violentos. Pasan las fronteras por diversos accesos de difícil control, y cuando se encuentran con alguna patrulla actúan violentamente, como ha ocurrido en varios enfrentamientos con miembros de Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando (CEO-LCC). Esta unidad ha quemado camiones contrabandistas y ha sostenido enfrentamientos con quienes se dedican a esta actividad. Las patrullas de control han tenido bajas por los ataques tanto de contrabandistas como de pobladores de las zonas de paso.
Mientras tanto, la oferta de vehículos de contrabando es intensa, hay avisos mediante las redes sociales que ofrecen toda clase de motorizados, mostrando fotos y ubicación. Una decena de lugares son los que con mayor frecuencia hacen este tipo de ofertas de carros indocumentados. En las provincias circulan estos vehículos sin problemas. La situación se agrava porque hay comunidades que viven del narcotráfico y protegen tanto a los antisociales como la mercadería.
Hay un evidente descontrol que ahora se manifiesta en la forma como fueron ejecutados tres miembros de una patrulla policial en la localidad de Porongo, Santa Cruz. Se han perdido tres vidas de personas que cumplían una función enmarcada en dar protección a la sociedad. Es un hecho que conmueve a todos los bolivianos, y duele por la impotencia frente a una realidad violenta que puede estar presente en cualquier momento y lugar del territorio nacional. La solidaridad no remplaza esas vidas ni mitiga el dolor de los familiares, y menos la falta que harán en los hogares de las víctimas. Será necesaria mucha ayuda para ellos, pero fundamentalmente lograr que se haga justicia. Esto significa fortalecer a la Policía, cambiar de raíz al sistema judicial y devolver la institucionalidad perdida al país. Se trata de una tarea difícil que ahora debe comprometer a todos los bolivianos.