Finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el pedido de Bolivia y otros países e instituciones jurídicas, sobre la decisión de algunos gobernantes de prorrogarse en el poder indefinidamente. «La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos», señala un pronunciamiento de la Corte Internacional. El dictamen responde al pedido de «opinión consultiva» planteado por el Gobierno de Colombia. Anteriormente, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Partidos políticos de oposición y algunos juristas pidieron a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos que se pronuncien sobre el tema.
Después de mucho tiempo, y luego de lanzar borradores del dictamen como globos de ensayo para medir las reacciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su criterio. El pronunciamiento llega tarde para Bolivia que ha soportado una serie de arbitrariedades que se iniciaron con el supuesto derecho humano de Evo Morales para volver a postularse como candidato a la Presidencia pese a la prohibición expresa de la Constitución Política del Estado. Esa postulación ha sido la semilla de todos los lamentables acontecimientos que han enlutado al país, y derivado en la actual crisis política.
Los argumentos de los jueces de la CIDH expresan que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa, y además va en contra de las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El tribunal «advierte que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares», añade. La resolución fue aprobada por cinco votos a favor y dos votos disidentes, uno de ellos, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien, además de juez, es abogado de Evo Morales.
Frente a la evidencia jurídica de la falsedad de la principal tesis del MAS para prorrogarse en el poder, ahora insiste que en 2019 hubo golpe de estado, en lugar de un proceso de sucesión presidencial. Ese argumento también ha sido rebatido por los hechos, la realidad y hasta por el sentido común, pero ante insistencia del oficialismo, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado rechazando la versión de los dirigentes del oficialismo que señalaron que las reuniones realizadas en noviembre de 2019 en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) fueron para cerrar un proceso golpista para llevar a Jeanine Añez a la presidencia. La UE puntualizó que «en noviembre de 2019, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores clave de todos los partidos políticos, incluido representantes del MAS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país».
Ahora el oficialismo se aferra a otra falsedad para crear tensión en el país, sosteniendo que no hubo fraude en las elecciones de 2019, basándose en un informe de un grupo de personas contratadas expresamente para poner en duda el informe de auditoría de las elecciones de 2019. Esta vez fue la OEA la que ratificó que esas elecciones fueron vergonzosas. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos defendió el informe de auditoría electoral que ese organismo realizó en Bolivia en 2019 y afirmó estar dispuesto a acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea esa instancia la que defina «la verdad de los hechos». Almagro respondió que la «dura» defensa del Gobierno del MAS sobre las irregularidades en los comicios de 2019 hacen suponer que tienen una responsabilidad «muy grande» en el presunto fraude electoral. La OEA ratificó el informe que identificó irregularidades de carácter doloso para modificar el resultado de las elecciones y reafirmó que no se podían validar esos comicios.