Finalmente ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, la Ley de Elecciones Judiciales, que prevé la realización de los comicios entre agosto y septiembre del presente año. Asimismo, en septiembre se cumple el plazo de 230 días determinado por la nueva ley 144 para concluir el proceso electoral. El presidente Luis Arce Catacora promulgó la norma que fue motivo de una serie de dilaciones durante todo el año pasado, pero en virtud del acuerdo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria se logró un consenso que hizo posible el tratamiento de la norma. Como consecuencia, también se levantaron los bloqueos de caminos pero con advertencias de reanudar las medidas de presión en caso de que se incumpla el acuerdo, que incluye la anulación de la auto prórroga de los altos magistrados del Órgano Judicial, extremo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La norma ha sido aprobada luego de casi dos semanas de un bloqueo de caminos, dispuesto por el ala del MAS que responde a Evo Morales. El repudio ha sido general por la interrupción de tráfico vehicular principalmente por el eje central del país, aunque también hubo bloqueos en las carreteras a Oruro, Potosí, y Chuquisaca. El bloqueo, que según el gobierno ha generado un daño económico de mil millones de dólares, ha sido contundente en algunos lugares, especialmente en el Chapare, y existe riesgo de que se reanude. Aunque hay el compromiso de respetar el acuerdo, lamentablemente persiste la posibilidad de una eventual reanudación del conflicto, ya que algunos parlamentarios del oficialismo anunciaron que no aprobarán las disposiciones legales destinadas a frenar la prórroga de los magistrados. En respuesta, la oposición anunció que no aprobará los créditos pendientes. Recordemos que tanto la oposición como los masistas del Chapare y sus aliados, en varias oportunidades pidieron que, después de aprobar la convocatoria a elecciones judiciales, se analice el proyecto de ley 073 que anula la prórroga de los magistrados y 075 que congela los plazos procesales en el sistema judicial. Pero el diputado Huaytari, anticipó que la directiva de la Cámara de Diputados será la que defina cuándo convocará a sesión para tratar ambos proyectos.
El legislador Andrónico Rodríguez pidió a Diputados «agendar de manera inmediata la sesión para el tratamiento del proyecto de ley 073 y 075», relativas a la nulidad de la auto prórroga de los magistrados y la suspensión de plazos procesales. Asimismo, el diputado Juan Jáuregui, afirmó que él no va apoyar la aprobación de dichos proyectos porque según su criterio son inconstitucionales. «Tengo una posición clara y no la voy a cambiar: no se puede paralizar los servicios, no se puede delegar a personal subalterno y no se puede a través de una ley señalar el incumplimiento a un mandato de una declaración constitucional», dijo Jáuregui.
Por otra parte, el expresidente Evo Morales en sus redes sociales dijo que «gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible. Falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas». Según Morales, el Gobierno no tiene la intención de devolverle a Bolivia la institucionalidad de los poderes del Estado, «su plan es todavía violar la Constitución Política del Estado para prorrogarse en el poder a cualquier precio, incluso atentando contra la democracia y las libertades», escribió en la red X.
La ley establece la evaluación meritocrática de los postulantes, y dispone una calificación de cien puntos por la experiencia profesional, la formación académica, la producción intelectual, inclusive valida y califica el ejercicio de autoridades indígenas. Otro de los temas que se debatió en las cámaras de Diputados y Senadores fue la necesidad de veedores tanto nacionales como extranjeros. Se contempla veedores acreditados por las universidades públicas y privadas, los colegios de auditores, las asociaciones de periodistas y organizaciones de medios de comunicación, asociaciones de profesionales y sectores indígenas, gremiales y otros. Asimismo, se invitará a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «El Estado Plurinacional de Bolivia podrá considerar las recomendaciones que formulen estas misiones, para el mejor desarrollo de los próximos procesos de Elecciones de Máximas Autoridades Judiciales (sic)», dice el parágrafo II del artículo 8 de la ley. La norma marca un plazo de 80 días calendario para cumplir con todas la fase de la preselección de candidatos, desde la recepción de documentos de los postulantes hasta la aprobación de la lista de los habilitados para los comicios. Cumplido ese proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe organizar las elecciones en 150 días.