El paro cívico que se desarrolló este viernes en Santa Cruz fue calificado como un «éxito» por los dirigentes que lo convocaron, medida que para el Gobierno fue un «paro político».
Cambios en la justicia, el cese de la «persecución política» y la realización del censo poblacional para este año fueron las demandas que motivaron el paro, que se sintió principalmente en el centro de Santa Cruz.
Durante la jornada se registraron cortes de circulación en las principales vías, obstaculización de calles con llantas viejas o escombros y algunos grupos de personas se concentraron en sitios clave para hacer sentir la presión.
Protesta con «éxito»
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, destacó en declaraciones a Efe que prevaleció «la consciencia del pueblo cruceño» puesto que la mayoría decidió «no salir de sus casas» y acatar la protesta, que calificó como «un éxito».
Por su parte, Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina Jeanine Áñez, dijo a Efe que su madre, detenida preventivamente en una prisión en La Paz hace casi un año, «es el símbolo de la injusticia» en Bolivia.
A raíz de los sucesos de la crisis política en 2019, Áñez, dos de sus exministros, exjefes militares y policiales y algunos líderes regionales fueron encarcelados debido a acusaciones que derivaron en diferentes procesos judiciales.
En ese año se produjeron protestas en medio de denuncias de fraude electoral en las elecciones generales que finalmente fueron anuladas mientras que para el oficialismo esos hechos en realidad se trataron de un «golpe de Estado» en contra de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia.
Posición del gobierno
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien pertenece a esa región, aseveró que se trata de «un paro político» cuya finalidad es «defender a los delincuentes» y que sus promotores son los mismos grupos que participaron en los hechos de hace más de dos años.
A juicio del funcionario, las actividades se desarrollaron con «total normalidad» y fueron «solo algunos sectores» los que se sumaron a la protesta.
En las últimas semanas, la Justicia boliviana ha sido blanco de críticas por varios escándalos en los que algunos jueces otorgaron libertad a asesinos y feminicidas que tenían sentencias con la pena máxima de 30 años.
Además, el paro se produjo más de una semana después de la visita del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, quien aseguró que la independencia judicial en Bolivia «es una tarea pendiente» y pidió un «gran acuerdo nacional» para impulsar reformas al sistema de justicia.
A finales del año pasado líderes cívicos, comerciantes y transportistas apuntalaron un paro nacional de nueve días contra una polémica ley que consideraban atentaba contra las libertades ciudadanas, la cual fue anulada por decisión presidencial.