El éxito o fracaso de un gobierno se puede medir por resultados de su gestión y por el cumplimiento de las promesas, pero fundamentalmente por la forma como se logra que la comunidad nacional pueda acompañar los problemas. La transparencia es la base que permite lograr credibilidad y confianza en las autoridades. Por primera vez en su gestión, la actual administración ha logrado compartir las dificultades que atraviesa el país con gobernadores y alcaldes. Hacemos votos porque ese sea siempre el camino, tal vez de esas reuniones no salgan soluciones mágicas, pero con seguridad se podrán abrir mecanismos que tiendan líneas para una mejor comprensión de las realidades. El diálogo, y la concertación son siempre herramientas valiosas, y pueden conducir a un mejor análisis de los problemas, compartiendo información entre los poderes del Estado, los gobernadores, alcaldes e instituciones representativas de la sociedad.
Hubo una reunión convocada por el presidente Luis Arce, a la que asistieron los alcaldes de las capitales de los nueve departamentos y El Alto, además de los nueve gobernadores del país, en sesiones separadas. Probablemente, las conclusiones no merezcan el calificativo de espectaculares, es más, la preocupación ahora tiene bases más fidedignas. Un alcalde al concluir la reunión, dijo que «llegó el tiempo de las vacas flacas».
El gobernador de Tarija, Oscar Montes, fue el encargado de dar a conocer las conclusiones de la reunión con el Presidente. Sostuvo que definieron una agenda de 12 puntos. Calificó el encuentro como una «reflexión abierta, sincera y horizontal». Montes dijo que decidieron realizar un mayor control y fiscalización a la explotación de los recursos naturales, hidrocarburos, minerales y forestales. Se buscará cuidar el medioambiente y que los explotadores de esos recursos contribuyan con impuestos. En relación a la iliquidez de algunos gobiernos departamentales, informó que se decidió aplicar el decreto supremo 4693, «a fin de reprogramar algunos pagos de fideicomisos y deudas con el FNDR, eso permitirá liberar algunos recursos», dijo. Por otra parte, se analiza la posibilidad de trabajar sobre algunos emprendimientos en los que participa el sector privado, para la prestación de servicios en materia de turismo, transporte, producción agrícola y otros. Con los ministros del ramo trabajarán en un proyecto marco que «permita incorporar en la economía plural una participación más agresiva de los privados».
Por los municipios, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, informó que, a partir de la aprobación de los créditos pendientes en el Senado, se incluirá la reformulación del presupuesto para la distribución de recursos a los municipios de ciudades capitales y El Alto. Dijo que tomaron la decisión de iniciar «acciones constitucionales ante la obstaculización y la paralización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que perjudica el desarrollo de todos los niveles de gobierno». Explicó que se trabajará en un proyecto de ley a través de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, para ampliar los límites de gasto de funcionamiento de los municipios. Finalmente se garantizará el presupuesto para los festejos del Bicentenario.
El alcalde de Tarija, Jhonny Torres, advirtió que «el Gobierno está pasando por una situación económica muy delicada», es que «se terminó el tiempo de las vacas gordas y llegaron las vacas flacas», graficó. Confirmó que se acordó el refinanciamiento de deudas en el Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR). Dijo que pidieron que el Gobierno pudiera rescatar a los municipios con nuevos recursos, sin embargo, lamento, «no será posible con fondos nuevos». «Solo ofrece los recursos de un crédito por 100 millones de dólares de Japón que, si se aprueba, se repartirán 50 millones de dólares entre los municipios», afirmó el alcalde tarijeño.
Ojalá que se realicen reuniones con todos los sectores de la población, especialmente con los que se encuentran movilizados en demanda de soluciones a diversos problemas, que por la demora en su tratamiento, se han convertido en conflictos. Varios sectores demandan una reforma de la ley de pensiones que sea producto del consenso. Existe pendiente una deuda del gobierno con la comunidad nacional en relación a las jubilaciones y la salud, que por ahora permite un injusto tratamiento para la mayoría de los empleados y trabajadores, que no logran una jubilación justa, y reciben solamente un porcentaje de los sueldos con los que se jubilaron, mientras otros sectores reciben la totalidad.
A ello se suma el proyecto de obligatoriedad de la jubilación a los 65 años -que motiva los actuales reclamos- hecho que representa un retroceso con el respeto de los derechos humanos. La salud en nuestro país ofrece los servicios más precarios de toda la región en todo el sistema, tanto de los asegurados de la Caja Nacional de Salud como del SUS, que en los hechos no existe. Una persona para ser atendida debe esperar hasta meses. No hay medicamentos ni ítems para médicos, enfermeras, personal de apoyo, especialistas y menos equipos para atender a la actual demanda de la población. Las medidas de presión son contraproducentes y nadie las aprueba, pero son el único camino que la gente tiene para hacerse escuchar.