La tecnología ha revolucionado las comunicaciones en todo el mundo, pero su utilización maliciosa está ocasionando graves distorsiones a la libertad de expresión, agravadas durante este año. La edición 2023 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, efectuada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios, concluye que la situación es «muy grave» en 31 países; «difícil», en 42 y «problemática», en 55, mientras que es «buena» o «bastante buena» en 52 países. En otras palabras, las condiciones para el ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países y satisfactorias sólo en 3 de cada 10. Bolivia ha sido ubicada en el puesto 117, entre 180 países, en la franja que califica al estado de la libertad de prensa en «situación difícil» junto a 42 países, y en la última franja figuran 31 Estados donde el ejercicio de la libertad de prensa es muy grave.
Otro informe señala que Bolivia es uno de los países con alta restricción en la libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirma que este año los países de América Latina descendieron a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen ostentando la calificación de naciones sin libertad de expresión y prensa, mientras que Honduras, El Salvador y Bolivia acompañan ahora a Guatemala en la lista de países con alta restricción a la libertad de prensa, según el informe.
Asimismo, la desinformación, la difusión de falsedades, y la incitación al odio se han extendido mediante el uso de las plataformas de Internet en todo el planeta. Bolivia ha sufrido sus efectos especialmente en la política y la difusión de falsedades, supuestamente «científicas» en plena pandemia. Pero este año, salieron a la opinión pública informes del grupo Meta, casa matriz de Facebook, que reveló que una red de cuentas falsas hostigaba a opositores en Bolivia, y gastó al menos un millón de dólares en publicidad. Esa empresa, que administra varias redes sociales, indica que las personas detrás de las cuentas incurrieron en infracciones a varias políticas, y simulaban ser medios de comunicación independientes. El informe de Meta afirma que, «Aunque las personas detrás de esta operación intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con el actual gobierno boliviano y el partido Movimiento al Socialismo o MAS».
Las redes sociales tienen un impacto cada vez mayor en las comunidades y la vida de la gente, ayuda a muchos emprendedores, abre espacios a las iniciativas, informa, denuncia y promueve, pero también desinforma, tergiversa, y falsea. En Bolivia vemos esta situación día a día, y en los conflictos sociales y políticos se observa como salen las duras expresiones que no cuidan los límites de la legalidad. La libertad de expresión es un derecho humano que debe ser respetado y defendido siempre, porque es el baluarte para la defensa de las demás libertades. La Constitución Política del Estado reconoce el derecho de todos los bolivianos a expresar sus ideas por cualquier medio de comunicación. Lamentablemente, algunas veces surgen intenciones para cambiar las reglas básicas de este derecho fundamental, inclusive bajo argumentos de la defensa de la libertad de expresión. Es poco probable que la sociedad boliviana y menos los comunicadores, admitan «reguladores» para los contenidos.
Seguramente con el mejor criterio, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha presentado un plan de acción para combatir la desinformación, la incitación al odio y la manipulación en las redes sociales, que representan «amenazas importantes para la vida en sociedad y la estabilidad». Este plan de acción, según la UNESCO, es el resultado de un proceso de consulta a una escala sin precedentes en el sistema de las Naciones Unidas, con más de 10.000 contribuciones de 134 países recogidas a lo largo de los últimos 18 meses. En 40 páginas, el documento detalla los Principios que deben respetarse y las medidas concretas que deben aplicar todas las partes interesadas: gobiernos, autoridades reguladoras, sociedad civil y las propias plataformas. En América Latina, la gente es celosa y desconfiada de los reguladores, y peor si la regulación viene de los gobiernos. Los principios de la comunicación están vigentes en Bolivia en un Código de Ética que contempla la autorregulación.
Las medidas que sugiere la UNESCO se articulan en torno a 7 principios que deben respetarse, de modo que el impacto sobre los derechos humanos sea la brújula para la toma de decisiones en cada etapa por todas las partes interesadas. Plantea que se establezcan reguladores independientes y públicos, con un papel claramente definido y recursos suficientes para llevar a cabo su misión. Estos reguladores independientes trabajarían en red y en estrecha coordinación, para evitar que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades regulatorias entre los países.