Miles de mineros cooperativistas marcharon este lunes en La Paz para exigir al Gobierno de Luis Arce, la anulación de una norma que prohíbe la explotación de oro en áreas protegidas junto a una serie de peticiones para su sector.
«Muchas resoluciones van saliendo en desmedro de nuestro sector, porque no tienen ninguna coordinación», declaró a los medios, entre ellos a EFE, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas, Ramiro Balmaceda.
Una de las principales exigencias del sector es la anulación de una resolución de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), de julio pasado, que dejó «sin efecto» una norma anterior de 2017 de «la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas».
Además los mineros auríferos piden la «prosecución de trámites de adecuaciones en áreas forestales y áreas protegidas», mientras que reclaman para que se reconozca la personalidad jurídica de Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), entre otros pedidos.
La movilización de mineros cooperativistas tuvo dos frentes, el principal que partió desde el límite de las ciudades de El Alto y La Paz, mientras que otra comenzó en una zona al norte de la ciudad paceña para que finalmente ambas confluyeran en el centro de la urbe.
Miles de hombres y mujeres mineras portaban sus guardatojos o cascos protectores que representan su labor, y llevaban pancartas que reclamaban por la «burocracia» de la autoridad minera y el «respeto y vigencia» de las concesiones que se les había otorgado.
La protesta recorrió las calles de La Paz entre detonaciones de petardos y algunos bloques de dinamita. Prosiguió con la división de la marcha en varios grupos que instalaron bloqueos en la ciudad.
Sin embargo, algunos transeúntes cuestionaron la protesta de los mineros cooperativistas y entre insultos los llamaron «contaminadores».
El uso de mercurio por parte de los mineros cooperativistas para la extracción de oro en los ríos de la Amazonía boliviana ha generado una amplia discusión en los últimos años.
Un estudio que presentó en junio la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), basado en 302 muestras de cabellos de varias personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte del país, estableció que los niveles de mercurio están por encima de lo permitido.
La valoración también señaló que los niños «son los más afectados» en estos casos, puesto que tienen problemas de aprendizaje y enfermedades constantes, además que las mujeres presentan problemas durante la gestación.
A principios de septiembre, un juez dispuso «la paralización de toda actividad minera (aurífera) ilegal» en dos de los principales ríos en la Amazonía boliviana afectados por la contaminación de mercurio, a raíz de una acción legal que presentaron las organizaciones indígenas.
Por su parte, el Gobierno aprobó un decreto para regular el uso de mercurio en la minería y anunció otras normas adicionales sobre cuestiones sanitarias relacionadas a este metal.