La promulgación de la nueva Ley de Empresas Sociales, en complicidad con la rígida política laboral, traducida en aumentos salariales incongruentes; un forzado segundo aguinaldo; el hostigamiento tributario; limitaciones a las exportaciones; y la excesiva regulación, ¿desvelan el verdadero propósito gubernamental de la extinción del empresariado privado boliviano? Este modelo económico de planificación centralizada extrema, utiliza a la empresa privada mientras sirve a sus intereses.
El sector empresarial ha realizado observaciones a las irracionales medidas de corte estatista del gobierno nacional, que afectan directamente al emprendimiento y producción privadas, y van a generar más desempleo y mayor pobreza en el país, lo cual incide negativamente en el desarrollo y crecimiento productivo. ¿Será que los actores gubernamentales responsables por las medidas en cuestión, se empeñan deliberadamente en relegar al sector privado hasta lograr su desaparición?
La asfixia a la iniciativa privada y la posterior apropiación de los restos que queden de ella, está instrumentalizada por otras dos modalidades complementarias: la creación de empresas públicas de abastecimiento que compiten con el sector privado, o lo sustituyan (como la proveedora del desayuno escolar a la Alcaldía de La Paz); y el establecimiento de la Asociación Público Privada (APP), que permite al Estado asociarse a las transnacionales, discriminando a las empresas locales.
Las grandes empresas nacionales e internacionales que invierten en el país, sobrellevan las normativas bolivianas, debido al mayor flujo económico que manejan; empero, la tendencia predecible es que la Administración actual de gobierno, dictamine leyes destinadas a apoderarse de ellas, como ha sucedido en Venezuela.
El Art. 54 de la CPE, señala puntualmente: “Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa”. El Estado debe crear mecanismo para salvaguardar la iniciativa privada, reformular la Ley Tributaria, detener la excesiva regulación, entre otras medidas. Contrariando la Carta Magna, el Gobierno se empecina en ahogar al sector privado, que es generador de riqueza y empleo para los bolivianos.