Frente a la acusación por sedición y terrorismo, el expresidente Evo Morales pidió acogerse al Estatuto de Refugiado en la Argentina, país del cual no podrá salir bajo el apercibimiento de perder esa condición y de ser capturado. La acusación se sustenta sobre unas grabaciones que todavía no han sido revisadas por un perito independiente nombrado judicialmente.
Morales pidió acogerse al refugio porque Argentina ha suscrito el Estatuto de Refugiados de Naciones Unidas, pero además hay un tratado de extradición entre Argentina y Bolivia, el que impide extraditarlo si es considerado refugiado político.
La estrategia de Morales es la de construir el relato del «golpe de Estado» para poder volver en el futuro. En el MAS ya están escenificadas las fracturas.
Todos los refugiados del mundo están bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el que regula las normas internacionales que establecen obligaciones y responsabilidades para los países de acogida y para los individuos que lo solicitan.
Morales, pidió Refugio al considerar que se encuentra fuera del país, con un temor de persecución por razones políticas fundamentado o no, y que no puede o no quiere reclamar la protección del país para poder volver.
Su obtuviera refugio, Argentina le concederá derechos, como no ser devuelto, expulsado o extraditado, a permanecer y transitar libremente en ese país, pero también le obligan a respetar las leyes nacionales del país asilante, no emitir ningún criterio político ni hacer actividades de esa índole. Pero, Morales, con el consentimiento del gobierno argentino, no guarda el debido silencio político al que está obligado. Esta posición provoco la queja del Gobierno norteamericano, el que con el instrumento económico inducirá a un cambio de actitud.
Por el momento, Morales tiene calidad de «asilado político», condición que fue otorgada de forma inmediata y sin necesidad de mayores justificaciones; en cambio, el trámite para ser declarado «refugiado» está sujeto a un procedimiento y tomara un tiempo prolongado.
Todo Estado tiene derecho de conceder asilo y refugio; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega o lo acepta. Existen supuestos en los que no es lícito concederlo, aunque exista solidaridad ideológica política.
México debe negar la condición de asilados a los exministros Quintana y Alanoca, los que al tiempo de solicitarlo se encontraban inculpados por delitos comunes ante tribunales ordinarios competentes y obviamente no revisten carácter político. Al existir órdenes de aprehensión contra ellos, previas a su solicitud de asilo, se les ha negado salvoconductos para salir del país.
Si México no revoca el asilo otorgado, su destino es vivir en la Embajada y si planean huir, el Ministerio de Gobierno debe adoptar las previsiones necesarias para evitar su fuga.