Los países miembros de la ONU han reconocido «con preocupación» que los mercados de las drogas están creciendo y diversificándose, y que los cultivos ilícitos, así como la producción de narcóticos están en sus «máximos históricos». En una reunión realizada en Viena convocada para Ministros y otros altos funcionarios -asistió el presidente Evo Morales-, se aprobó una declaración ministerial que promueve «una sociedad libre del abuso de drogas», y en los debates se reconoció que hasta el momento está fracasando la lucha contra el narcotráfico, pero que es necesario afrontar los nuevos escenarios en forma decidida.
De todas maneras, el documento aprobado considera que los nuevos desafíos deben afrontarse respetando las convenciones y los tratados vigentes, que son lo suficientemente flexibles para adoptar nuevas políticas. Esta declaración se adoptó por unanimidad por la Comisión de Narcóticos de la ONU -órgano decisorio sobre temas de drogas-, y marca los objetivos para la próxima década, enmarcados en el reconocimiento de que lo hecho hasta ahora no ha logrado sus objetivos. Recordemos que, en 2009, los Estados miembros de la Comisión de Narcóticos adoptaron una «Declaración política» con el objetivo de «eliminar o reducir considerablemente» la oferta, la demanda y el consumo de drogas hasta 2019. Las evidencias muestran que los cultivos de coca han aumentado, la fabricación de cocaína es mayor, las plantaciones de opio, y cannabis también han aumentado en los últimos años. Además, se han creado cientos de nuevas drogas sintéticas, hay más consumidores de drogas y hay más muertes por su uso. Numerosas ONG advirtieron en 2009 que los objetivos de la Comisión de Narcóticos no eran realistas. Pero la declaración de 2019 mantiene los principios y fundamentos, aunque incluye algunas novedades como el compromiso de respetar los derechos humanos y ofrecer tratamiento adecuado a los consumidores.
La declaración incluye también un reconocimiento de que los mercados de las drogas están creciendo y diversificándose, y que aumentaron los cultivos ilícitos, así como la producción de narcóticos. En relación al avance del uso legal de cannabis, la declaración puntualiza que solamente puede emplearse para fines médicos o científicos, según los tratados contra las drogas. Un análisis de Luis Lidón pone en evidencia el cambio de actitud que los países han adoptado desde la última convención. Señala que el enfoque «prohibicionista» que dominó las políticas antidroga desde la segunda mitad del siglo XX se resquebraja. En realidad, las medidas que aplican los Estados son cada vez más divergentes y el consenso es mínimo. En Europa y en cada vez más países de América Latina, se observa el problema como una cuestión de salud pública y se cree que la criminalización del consumidor no es la solución. Por su parte, Rusia, los países árabes o gran parte de Asia siguen apostando por medidas punitivas, algunos hasta el punto de seguir aplicando la pena de muerte por narcotráfico. Una muestra de esa falta de acuerdo es la legalización del cannabis para uso lúdico en Uruguay, Canadá y en diez Estados de EEUU.
Las convenciones sólo permiten usar esa droga con fines médicos o científicos. Estos países consideran que con la regulación del mercado se quita fondos a las organizaciones criminales y se combate mejor la criminalidad. La falta de resultados con las políticas «prohibicionistas» ha llevado a que algunos países experimenten nuevas opciones por su cuenta, rompiendo un consenso que hasta ahora parecía intocable. Pero también hay políticas represivas unilaterales, como la brutal campaña en Filipinas, con asesinatos extrajudiciales de supuestos narcotraficantes. Las diferencias sobre el respeto de los derechos humanos son también un punto en disputa. Pese a los enfoques diferentes sobre las drogas, la coincidencia es absoluta sobre el daño que ocasiona el narcotráfico afectando seriamente a las sociedades, especialmente a la juventud; incrementando la criminalidad y la violencia, así como distorsionando las economías por el lavado de dinero, y lo peor, destruyendo la institucionalidad mediante la corrupción.