El líder opositor y expresidente Carlos Mesa (2003-2005) acusó este miércoles al Gobierno de Luis Arce de romper el acuerdo para la celebración de las elecciones judiciales, que incluye la aprobación de dos normas prioritarias para cesar de sus cargos a los magistrados que prorrogaron su mandato.
El Gobierno «ha roto el acuerdo (…) el acuerdo es un acuerdo integral, no es un acuerdo que se cumple una parte sí, una parte a medias y una parte no», dijo Mesa, quien lidera Comunidad Ciudadana, la principal fuerza de oposición en el Parlamento.
El exmandatario mencionó que el pacto implica la aprobación de la ley de convocatoria a los comicios judiciales, que fue promulgada el martes por el Gobierno, otras dos normas referidas a cesar de sus funciones a los magistrados además de la aprobación de varios créditos, por solicitud del Gobierno.
La ley se aprobó luego de 16 días de fuertes bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Morales, quienes protestaban en contra de la prórroga de los magistrados y de la sentencia constitucional que dice que la reelección indefinida «no es un derecho humano».
Esta jornada, la Cámara de Diputados publicó el ‘orden del día’ de la sesión prevista para el jueves que da prioridad a siete préstamos internacionales y que deja para el final las dos leyes sobre la situación de los magistrados.
La Cámara Baja está controlada por el bloque «arcista» del Movimiento al Socialismo (MAS), que respalda al presidente Arce, mientras que el Senado por los «evistas» del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Mesa mencionó que el acuerdo establece que los magistrados deben dejar sus cargos además que las dos leyes a discutirse sobre este asunto «tienen que debatirse por tiempo y materia», por lo que «no se puede tratar ninguna otra ley entretanto no sean aprobadas las leyes mencionadas».
«No daremos pie ni a la viabilización de la ley de elecciones judiciales ni a la viabilización de los créditos a favor del Estado sino se establece con claridad que los autoprorrogados se vayan a su casa», agregó.
Mesa conminó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, a modificar el temario de la sesión del jueves, ya que de lo contrario dará por «roto» el acuerdo de manera «unilateral» por parte del Gobierno.
Crisis judicial
En diciembre pasado, los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ampliaron su mandato y el de los magistrados y consejeros de las principales cortes del país para evitar un «vacío de poder», hasta que se realice una nueva elección judicial.
Esto provocó que los partidarios de Evo Morales bloquearan caminos por 16 días en la región central de Cochabamba, dejando aislados al occidente y oriente del país.
Asimismo, los sectores afines al exgobernante protestaron porque también el Constitucional dictó una sentencia que establece que la reelección presidencial «no es un derecho humano» y que afecta la intención de Morales de ser candidato en 2025.
La semana pasada, una comisión conformada por los representantes de las fuerzas políticas del Parlamento trabajó en una solución que garantice los comicios judiciales en este año.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional instruyó al Legislativo que acate o reconozca, «con carácter previo» a cualquier determinación, la ampliación del mandato de los magistrados de las principales cortes del país.
A pesar del descontento de la oposición y de la facción «evista» del oficialismo», las fuerzas y bloques políticos en el Parlamento firmaron un acuerdo para dar curso a las elecciones judiciales.
Los comicios judiciales que debían efectuarse en 2023 no prosperaron porque la preselección de candidatos se estancó en el Legislativo.
La Constitución establece las elecciones judiciales cada seis años por voto popular y con postulantes seleccionados previamente por el Legislativo.