Los principales líderes de la oposición rechazaron este viernes la condena de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y acusaron al órgano Judicial de haber actuado sin independencia.
«El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una expresidenta constitucional», escribió en Twitter el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
«El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso», agregó el también líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana.
El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga (2001-2002) calificó en Twitter de «infame» la sentencia y denunció que a Áñez se le negó un juicio de responsabilidades y le fue vulnerado el «principio de legalidad».
«La procesan dopada y la condenan por ‘inconstitucional’, cuando fue avalada» por el Tribunal Constitucional, el Congreso, controlado entonces por el Movimiento al Socialismo (MAS) «y reconocida por comunidad internacional», agregó Quiroga.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró en sus redes sociales que «la justicia actuó como brazo operativo del MAS» y «organizó un proceso ficticio para desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales».
«Los 21 días no fueron un golpe de Estado, fue el despertar de los ciudadanos para salvar la democracia. El abuso de la justicia masista al condenar a la expresidenta Jeanine Áñez no cambiará en nada esa verdad», añadió Camacho, quien desde la presidencia del Comité Pro Santa Cruz lideró en 2019 las protestas ciudadanas contra el presunto fraude.
Esa entidad cívica lamentó en un comunicado que el MAS y «su justicia corrompida» dieran «una nueva estocada» al sistema democrático y judicial del país con un «vergonzoso fallo que solo pone en evidencia la falta de independencia de los poderes del Estado».
El comité reiteró la denuncia de que «Evo Morales y sus cómplices» cometieron un «monumental fraude» en los fallidos comicios generales de 2019 y «huyeron cobardemente del país».
La entidad defendió que Áñez asumió la Presidencia «legal y constitucionalmente» tras una «cadena de renuncias» y sostuvo que «la mentira descomunal que intenta imponer el MAS no la cree nadie».
El partido opositor Unidad Nacional expresó en un comunicado su rechazo a una sentencia emitida por «jueces manipulados por el poder» y denunció que en el proceso se cometió «un abuso tras otro», empezando por procesar a una expresidenta por la vía ordinaria cuando se le debió iniciar un juicio de responsabilidades.
También cuestionó que se decida «qué pruebas y qué testigos podían presentar los acusados» y que las audiencias se desarrollen sin su presencia física en el juzgado, entre otros.
Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley cuando asumió el poder en 2019 en medio de la crisis postelectoral que para el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo fue un «golpe de Estado» contra Evo Morales.