Las Leyes son generales, coercibles e impuestas a los individuos por la misma colectividad. Los Parlamentarios masistas, envilecidos por su populismo, confunden otra vez militancia con su papel institucional; hoy, promueven una ley para proteger a los delincuentes promotores de los bloqueos. Aun ignoran que para ser representantes se requieren: capacidad para el cargo, lealtad con la Constitución y, servicio al bien común, no a sus militantes ni a su partido.
Su propósito es «desjudicializar» de facto las actuaciones violatorias para evitar la intervención del poder del Estado que controla la legalidad, induciendo en el futuro al incumplimiento generalizado del código penal.
Los parlamentarios masistas dominan el arte del agravio a los ciudadanos, ahora quieren que las acciones delictivas que han destruido propiedad pública, que han causado muertes por falta de oxígeno y daños severos a la economía, les salga gratuito.
Querer convertir al soberano en «súbdito» de caprichos y arbitrariedades de una mayoría parlamentaria temporal con argumentos absurdos, pero con apariencia de buen derecho, desvirtúa el sentido común de la Constitución que prohíbe comportamientos en contra del orden jurídico y que el Legislativo quiere nulificar en forma ilegítima e ilegal, prescribiendo no solo inmunidad, sino impunidad. Ese ejercicio de cinismo que busca exceptuar de condenas es precisamente lo que induce a la tiranía sindical y política como forma de escapar de la justicia creando derechos divinos ilimitados para delincuentes.
Todos los ciudadanos somos iguales ante las Leyes; nadie tiene prerrogativas ni privilegios extraordinarios para ponerse por encima de ellas. Ese proyecto de ley es contrario al derecho: crea un paradigma para los políticos y promotores de hoy y del futuro. Sería una Ley vergonzosa, no un mecanismo de protección de los derechos humanos, menos un instrumento que facilite la vida y la convivencia común; el Estado no puede ejecutar contra sí mismo las Leyes que él mismo se ha dado.
En este caso, la voluntad pública que otorgo un «mandato» al Parlamento es utilizado sectariamente por voluntades que carecen de normas éticas. Así, se han convertido en un lastre insoportable, los ciudadanos exigen restablecer la dignidad de la función representativa con la lapidación de un organismo ya inútil.
No se puede permitir el escarnio de la Ley penal en nombre de la democracia. Toda Ley que irrespete la dignidad humana y los derechos ciudadanos, es injusta, y por lo tanto, nula.
A ese proyecto no basta impugnarla como injusta e inmoral, lo correcto es oponerse, desobedecerla, no acatarla ni cumplirla. La obediencia ciega a las leyes injustas e inmorales es la que lleva a los totalitarismos y su desobediencia es lo que precisamente preserva la democracia.
Manifestemos rebeldía contra la tiranía de una ALP fenecida que responde a caprichos por su ignorancia en Derecho Constitucional.