Una multitud se congregó este domingo en la ciudad de Sacaba para pedir «justicia» y las sanciones a los responsables por la muerte de una decena de civiles durante una operación policial y militar hace un año.
Miles de personas marcharon hasta llegar al sitio llamado Huayllani en Sacaba donde hace un año un operativo de las fuerzas conjuntas de seguridad cobró la vida de diez personas que eran parte de una manifestación contraria al Gobierno de la entonces presidenta interina Jeanine Áñez.
En el lugar se habilitó un altar con las fotografías de cada uno de los fallecidos y a los pies de sus imágenes se colocaron flores y crespones fúnebres.
Durante el acto de conmemoración de aquellos sucesos, aparte de leerse los nombres de cada uno de los fallecidos, se detalló las causas de la muerte de cada uno, en todos los casos por impacto de bala en el cráneo o las zonas del tórax y abdominal de sus cuerpos.
«Justicia munani» o «quiero justicia», dijo en quechua Gregoria Siles, familiar de uno de los fallecidos en los hechos del 15 de noviembre de 2019.
El acontecimiento contó con la presencia de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, y de su representante en Cochabamba, el abogado Nelson Cox, y del exdirigente cocalero, recientemente electo como senador del país, Leonardo Loza.
Durante su discurso, Cruz concluyó que en los hechos de hace un año hubo una «traición sañuda contra el pueblo boliviano y los sectores populares» de parte del Gobierno interino de Áñez, que también se plasmó en hechos similares días después en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, con un número similar de muertos.
«No vamos a olvidar, ni vamos a perdonar», «ni olvido ni perdón, justicia», dijo Cruz.
En su momento, el Gobierno interino explicó que ni la Policía ni el Ejército utilizaron armamento letal en aquellas operaciones conjuntas y abrió la posibilidad de que los muertos hayan sido producto de acciones que provenían del interior de las manifestaciones.
Para los siguientes días, se espera la llegada a Bolivia de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para «investigar todo lo ocurrido» en la crisis política y social de 20019, explicó esta jornada el ministro de Justicia, Iván Lima.
Entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del año pasado fallecieron 37 personas en distintos sucesos violentos por aquella crisis en Bolivia, según los registros de la Defensoría del Pueblo.
A finales de 2019, se desarrollaron diversos operativos policiales y militares, en medio de la tensión por los bloqueos en las calles, la escasez de comida y combustibles y los constantes enfrentamientos a favor y en contra de Evo Morales.
Una comisión del Parlamento saliente sugirió el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina y varios de sus ministros a causa de hechos como los de Sacaba y Senkata que se produjeron en 2019.