La inseguridad ciudadana es preocupación principal de la población, y pese a sus efectos dañinos para toda la comunidad nacional, y para el propio Estado, poco se hace para velar por el derecho de los bolivianos a vivir en paz y desarrollar sus labores e iniciativas en un ambiente de tranquilidad, libres del acecho de la violencia, la ilegalidad y el abuso. Es deber del Estado la protección de la población en relación a la violencia, el delito, los excesos de gente que desconoce los derechos de los demás. Los ciudadanos tienen derecho a desarrollar sus potencialidades, su iniciativa privada y sus capacidades y vocación, ya sea para estudiar, trabajar, crear, desarrollar proyectos u otras actividades en el marco del ordenamiento legal. Lamentablemente, en forma casi constante se interrumpen las actividades por la prepotencia y abuso de quienes tienen capacidad de movilización de gente, frente a la pasividad y negligencia de las autoridades. Los perjuicios de la inseguridad representan consecuencias muy delicadas y pérdidas considerables.
Desde la semana pasada, tres hoteles que operan en la región del Salar de Uyuni, son asediados por grupos de campesinos que exigen el pago de regalías a los propietarios, bloqueando el acceso a las hospederías. Un informe da cuenta que está ocurriendo desde extorsión hasta amenazas de quemar los hospedajes si no cumplen con el «aporte voluntario», y falta de atención de las autoridades, en el problema que enfrentan los dueños de hoteles que operan cerca al Salar de Uyuni, en Potosí. Denuncian falta de atención de las autoridades al asedio de los comunarios, de acuerdo a un informe de ANF. Los dueños de los hoteles se quejaron porque no recibieron ayuda de la Policía ni de las autoridades. Según el informe, el vicepresidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur) Galo Saravia, lamentó que los operadores de turismo se encuentren indefensos y pidió a las autoridades competentes intervenir y garantizar el trabajo de los hospedajes. «La policía turística y todo el sistema de seguridad del Gobierno debe actuar, porque estamos hablando de hechos violentos en contra de los operadores de turismo. En ninguna parte del mundo se observa que una persona que trabaje y que tenga su emprendimiento, sea amedrentado por comunarios violentos», afirmó.
No es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza. Anteriormente fue destruido un hotel de sal en esa región. Por otra parte, la tensión política y los excesos, en anteriores oportunidades fueron aprovechados para atacar hoteles, bloquear no solo el acceso a los lugares de atractivo turístico, sino se impidió que los turistas extranjeros puedan salir de los lugares. Las consecuencias fueron drásticas porque los países que generan el mayor flujo de turismo, recomendaron a sus ciudadanos no visitar Bolivia por la inseguridad. Pero los perjuicios pueden ser aún mucho mayores, ya que la inseguridad no solo se ensaña con la hotelería, sino con toda actividad productiva y en la vida cotidiana porque deriva en diversas formas de delitos. Los ejemplos son muchos, y los más frecuentes se dan en la toma de tierras, bloqueos de carreteras que impiden el traslado de productos y atentan contra el derecho a la libre locomoción; incentiva el delito debido a la impunidad, con actividad delictiva cada vez más violenta, en la que los ajustes de cuentas se muestran con mayor frecuencia.
Apelamos a un artículo de jurista Dardo López Dolz, sobre la «causa y costos de la inseguridad», en el que, entre otras consideraciones, afirma que la inseguridad ciudadana genera mayores costos que rara vez se perciben, como disminución de la productividad de individuos y empresas por incremento de costos en protección, seguros, servicios legales y gastos médicos. Pérdida de inversiones. La inseguridad física, usualmente acompañada por débil certeza jurídica, lleva a los inversionistas a buscar mercados más seguros aun cuando estos sean porcentualmente menos rentables. Disminución de la recaudación tributaria como consecuencia de la menor productividad y la pérdida de inversiones. Caída de ingresos privados y públicos derivados del turismo y actividades conexas. Pérdida de capital humano, que acaba emigrando a países con mayor seguridad. La inseguridad produce un círculo vicioso. Es decir, a más delincuencia, menos inversión y menos empleo, lo que expone a más personas a caer en actividades delictivas. También explica que la causa principal de la delincuencia no está en la pobreza, sino el débil respeto a la ley. En nuestro país, el irrespeto por las normas legales se ha hecho costumbre, ya que las autoridades son las primeras en pasar por encima de la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico, y han inducido a la Justicia a un estado de disipación que ha derivado en su desprestigio. Esta realidad ha sido confirmada por una misión de Naciones Unidas. El informe del relator Diego García-Sayán, es una radiografía de la justicia boliviana, en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de subrayar sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.