La decisión unilateral, sorpresiva y confrontativa, de asambleístas del partido oficial que aprueban la Ley de Organizaciones Políticas, compatibiliza objetivos y tiempos del MAS, es una muestra de que la tentación del «caudillo» persistirá.
Los oficialistas en un intento desesperado de ungir con votos la candidatura de Morales, piensan que las primarias servirán para «legalizar» su inscripción como postulante ante el TSE.
Quieren que la ciudadanía interprete la expresión «vinculante y de cumplimiento obligatorio» como nuevo argumento para frenar la creciente movilización de las plataformas ciudadanas y del pueblo.
Los legisladores progubernamentales debían haber considerado, que se aplicará solo para las formaciones políticas y militantes que elijan a sus directivos y para el TSE responsable del registro y que no tiene efecto a los resultados del 21F que en forma soberana voto NO a la modificación del Art. 168 de la CPEP y a la pregunta de la Corte Nacional Electoral de si se aceptaría la repostulación de Morales y García Linera, la mayoría de la población voto NO. Resultados que están plenamente ejecutoriados.
Cuando se promulgue la Ley de Organizaciones Políticas va electoralizar al país y forzar las primarias, pretenden distraer a la oposición y a diluir al movimiento ciudadano. Obliga además al TSE a convocar a las primarias de inmediato y adelantar su pronunciamiento sobre la candidatura de Morales.
Como los partidos están desarticulados les obliga a concertar alianzas de inmediato. En el plazo de dos meses los partidos deberán formar alianzas y haber inscrito a sus precandidatos. La premura dificultará la unificación de la oposición como condición imprescindible para estas elecciones. Cualquier invocación a un pacto nacional resultará puro artificio por la polarización y los personalismos en juego. Muchos partidos políticos se autoeliminarán por la imposibilidad de cumplir los requisitos exigidos. La ley tendrá una virtud: el país, por fin, se enterará cuántos militantes tienen realmente los partidos, incluido el MAS.
Lo que urge hoy es concertar una respuesta adecuada ante el dilema que crea esta Ley para el ciudadano: Si acata la Ley de convocatoria a primarias internas y concurre a unas eventuales elecciones, pierde el 21F; y si no concurre, regala las elecciones a Morales.
Una resolución de la Corte Interamericana de DD.HH., favorable a la oposición, no revocará la Sentencia del TCP por ser cosa juzgada y por la inexistencia de un procedimiento constitucional para revocarla. Si la Corte Interamericana se pronuncia en contra de la repostulación, el régimen «se colocaría en la postura» de desafiar a la OEA. Pero si la Resolución conlleva que podría haber sanciones drásticas contra los que no acaten el fallo, la historia de muchos pueblos cambiará.
El papel de la Organización de Estados Americanos cuando se opone a despotismos y autocracias tiene algunas consecuencias. Venezuela y Nicaragua son los casos más dramáticos.
La decisión la tiene el pueblo movilizado enfrentado hoy al TSE. El Órgano Electoral tiene competencia para «proclamar» y dar «cumplimiento al resultado del 21 F».
La decisión del soberano mandante (el pueblo) tiene carácter constituyente, es de cumplimiento general, obligatorio, permanente y coercitivo, no existe poder estatal para desconocerla e inaplicarla. Por lo tanto, un obsecuente Tribunal Supremo Electoral no puede «inventarse» un argumento jurídico para regalar «legalidad» al régimen.
El llamado es a los miembros del TSE para que privilegien su ética y honor. Está en juego el cambio de gobierno, pero también el porvenir civilizado, pacífico y democrático de Bolivia, pese a las noctámbulas advertencias del exministro de Defensa Reymi Ferreira que al parecer sigue «pensando en una Guerra Civil» como aseveró cuando fue rector de la Universidad Autónoma de Santa Cruz.