Un juez boliviano decidió ayer encarcelar al dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, acusado por el Gobierno de ser el autor intelectual de una emboscada a un grupo policial antidrogas, que causó la muerte de un oficial y que otros siete resultasen heridos.
En declaraciones a los medios, el abogado de Gutiérrez, Ernesto Jaúregui, informó de que «se ha dispuesto la detención preventiva» de su defendido tras considerarse que fue el responsable del delito de «asesinato en el grado de tentativa» y de otros delitos.
La decisión la asumió el juez octavo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, luego de cuatro horas de audiencia en las que valoraron los riesgos procesales como la obstaculización al proceso o que fuera «un peligro para la sociedad» a causa de los acontecido, explicó su defensa.
Gutiérrez fue imputado por los delitos de asesinato en grado de instigación y en grado de tentativa, tenencia o porte o portación ilícita y otros.
«Le dieron detención preventiva en el penal de San Pedro. Así lo determinó el juez 8vo en lo Penal, Orlando Rojas», informó el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo.
Mientras el jurista Jaúregui cuestionó que la Fiscalía únicamente haya presentado recortes de publicaciones de prensa para sostener su acusación y que no haya demostrado, a su juicio, una «relación directa» entre su defendido y el hecho del que se lo acusa.
Antes que se instale la audiencia, los abogados de Gutiérrez presentaron un incidente procesal por la ilegalidad de aprehensión que se hizo contra el máximo dirigente de Adepcoca. El juez Rojas declaró que era fundada la misma.
El Ministerio Público en audiencia cautelar argumentó que el dirigente no acreditó domicilio, trabajo y existe el riesgo que se fugue del país por haber realizado viajes a Perú y Colombia.
En audiencia cautelar contra Gutiérrez se presentaron nueve abogados del Ministerio de Gobierno, un abogado del Comando General de la Policía y el representante del Ministerio Público. Todos solicitaron, al juez, la detención preventiva en la cárcel de San Pedro.
La audiencia de Gutiérrez fue seguida de cerca por decenas de cocaleros que instalaron una vigilia en inmediaciones del edificio de juzgados y asimismo por sus familiares, que en reiteradas ocasiones exigieron su liberación.
El viernes pasado un grupo encargado de la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca fue atacado cerca de la localidad de La Asunta, unos 200 kilómetros al noreste de La Paz.
Como consecuencia murió el teniente Daynor Sandoval, mientras que otros siete policías resultaron heridos, algunos de ellos de bala.
Gutiérrez, que es el principal dirigente de la Asociación Departamental de los Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), fue señalado por el Gobierno de ser el responsable intelectual del suceso junto a otros cuatro cocaleros.
Sobre estas personas pesa además la acusación de sedición que fue presentada por el Ministerio de Gobierno, tras valorar que en los sucesos de la pasada semana se utilizaron «armas de guerra», según indicó el titular de esa cartera, Carlos Romero.
El dirigente fue detenido el lunes en la tarde por la Policía, minutos después de ofrecer una rueda de prensa en puertas de la sede de su organización, en La Paz.
Durante esa comparecencia, Gutiérrez aseguró que no estuvo en el lugar de la supuesta emboscada y que las acusaciones no eran más que «calumnias» en su contra para frenar su proyección política en su intento de buscar la presidencia del país.
Gutiérrez, quien era aliado del MAS, se volvió en contra del Gobierno después por la aprobación de la Ley de la Coca que legalizó los cultivos del Chapare cochabambino.
El dirigente yungueño pretendía será candidato a la presidencia en 2019.
El sector representado por Gutiérrez está enfrentado al Gobierno desde 2017, cuando una ley subió la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas y dispuso la legalización de plantaciones en otra zona del país.
Piden su liberación
Mientras, en la mañana de ayer, afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) marcharon por las calles de La Paz pidiendo la liberación de su principal dirigente, Franklin Gutiérrez, presunto autor intelectual del ataque armado a erradicadores de cultivos ilegales de coca en La Asunta, donde un policía fue asesinado y otros siete quedaron heridos.
«Estamos bajando en una marcha exigiendo la liberación de nuestro dirigente, todo los Yungas sabe que él es inocente, estamos todos los dirigentes de las regionales», indicaba el vicepresidente de Adepcoca, Gregorio Chamizo.
Esa marcha partió desde las oficinas de Adepcoca, en la zona Villa Fátima, bajó por la avenida Tejada Sorzano, pasó por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen e instalaron una vigilia frente a la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz.
El sector movilizado advirtió que, si Gutiérrez no es liberado en un plazo de 24 horas, las medidas de presión serán radicalizadas.