La escalada de conflictos que sacude al país tiende a descontrolarse, tanto por la estrechez del espacio para la concertación, como por las posiciones radicales que son alentadas por quienes están llamados a buscar soluciones. La convocatoria del presidente Luis Arce a un encuentro que allane la tensión ha perdido sus objetivos desde el momento en que se alentaron acciones para asfixiar a Santa Cruz y atacar las movilizaciones en otros departamentos. Daría la impresión de que se pretende una solución a la conflictividad por la vía de la imposición y la violencia, en lugar de atender las causas que originan el actual estado de tensión.
Para algunos de los sectores que están inmersos en los conflictos, se está diluyendo la esperanza de un acuerdo, porque el encuentro que fue convocado para hoy, viernes, en Cochabamba tendrá ausencias determinantes, motivadas por actitudes irresponsables. El ambiente de hostilidad se acentúa, las amenazas son cada vez más torpes y los medios de comunicación reflejan un estado de ánimo exaltado de dirigentes de los sectores que están involucrados de alguna manera en la actual situación.
Las medidas del gobierno en represalia contra los sectores productivos del oriente, demuestra una visión pobre de lo que significa gobernar un país con eficiencia, equidad, autoridad, respeto al ordenamiento legal y apego a los principios democráticos. El país necesita del esfuerzo y concurso de todos, en lugar de sembrar discordia, dividir, separar, privilegiar a algunos sectores de la bolivianidad, y apelar a la represión que se está generalizando en la actual administración, que utiliza a la justicia como un instrumento político. Es verdad que hay una creciente molestia en muchos sectores de la ciudadanía.
Parece que el gobierno actual está recogiendo una deuda social acumulada a lo largo de más de 15 años en los que se ha postergado la atención a diferentes sectores que hoy reclaman y se movilizan. Pero en lugar de negociar y buscar mecanismos de diálogo y entendimiento por la difícil situación que vive el país, se apela a responder con la fuerza, movilizando a sectores violentos que no miden consecuencias.
Un ejemplo nítido de esa situación fue el llamado del presidente Arce a sus bases para defender al gobierno. En respuesta a ese llamado, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Éber Rojas, desafió al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a pelear a «puño limpio» y hasta amenazó con matar a dirigentes cruceños. En la misma línea, el secretario de relaciones internacionales de la Csutcb, Omar Ramírez, anunció que reforzarán el cerco para dejar sin alimentos a Santa Cruz y cortar los servicios básicos. «Nuestro cerco va a ser contundente, con mucha vehemencia, orientado a desabastecer los alimentos de primera necesidad al centro cruceño. Asimismo vamos cortar todo el servicio de transporte público, privado, terrestre y aéreo. No descartamos cortar los servicios básicos», advirtió Ramírez.
Las acciones contra Santa Cruz, se ampliaron con decisiones duras del gobierno, que determinó la suspensión de la exportación de carne de res, azúcar, aceite, soya y sus derivados, hasta «que se restituyan» las condiciones «para el normal el abastecimiento». El anuncio fue efectuado por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, quien explicó que la prohibición a las exportaciones de los productos de la canasta familiar estará vigente hasta que se levante el paro indefinido convocado por sectores del departamento de Santa Cruz. Responsabilizó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a representantes del Comité Interinstitucional, por las consecuencias de la paralización del sector productivo. A ello se suman las amenazas de «nacionalizaciones» y otras acciones de amedrentamiento.
Esta situación, lejos de ampliar el diálogo, ha restringido la participación de factores esenciales para un acuerdo efectivo. El gobierno ha invitado a más de 350 autoridades al «Encuentro Plurinacional por el censo en consenso», al que convocó el presidente Arce. Entre los invitados figuran 336 alcaldes, nueve gobernadores, 11 rectores de las universidades públicas, un representante de la autonomía del Chaco y seis autoridades indígenas. No fueron invitados los representantes de los comités cívicos, y varias autoridades pusieron en duda su participación debido a la inseguridad y las amenazas.
De todas maneras, queda la esperanza de que los asistentes lleven posiciones de consenso que hagan posible llegar a definir una fecha del censo que sea posible en función tanto lograr un levantamiento de datos eficiente, que responda a las inquietudes, expectativas y necesidades de las ciudades, departamentos y regiones, así como despeje las susceptibilidades que se han establecido en la población por la decisión del gobierno de postergar el censo nacional que debió efectuarse en la actual gestión.