Ya a nadie sorprende que existan vínculos de policías con el narcotráfico o que se proteja esta ilícita actividad, pero sí indigna la impunidad, la falta de transparencia y la imposibilidad de que se garanticen investigaciones imparciales o que la justicia actúe en cumplimiento de su alta misión. En esas condiciones, es más la sospecha y la desconfianza que la certidumbre de que se logre esclarecer la verdad de lo que ocurre en los recovecos del crimen organizado y los alcances de su penetración en diferentes instancias de algunas instituciones. Por el momento solamente hay una denuncia de un jefe policial y la determinación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que instruyó una investigación, cambió al Cnl. José María Velasco de la dirección general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, y posesionó al coronel José Illanes Rivero al frente de la Felcn.
También dispuso la intervención de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico, e instruyó el cambio de los funcionarios de esa repartición con oficiales que no tengan antecedentes negativos, y dio un plazo perentorio para que la investigación emita su informe. Recordemos que todo este embrollo se originó en una denuncia pública de Evo Morales, secundada por una denuncia formal del ex comandante de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) destinada al Chapare, Erick Terán, implicando al Cnl. Velasco, al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, y al comandante nacional de Umopar, Jaime Arancibia, en una presunta orden para frenar un operativo antidrogas.
Morales reveló audios en los que se señala a autoridades políticas y policiales por ordenar a patrullas de Umopar no intervenir las fábricas de droga halladas en Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba. Del Castillo dijo que, de hallarse responsabilidad penal en alguno de los policías, se los sancionará conforme a la ley. «En caso de que se demuestre su inocencia, vamos a realizar también la disculpa correspondiente», anunció la autoridad. El ministro Del Castillo pidió al nuevo jefe de la Felcn la reestructuración de todo el Estado Mayor de esa instancia. Señaló que por instrucciones del presidente Luis Arce se dispuso que todo el personal de la Felcn sea puesto a disposición. Cuando Morales hizo pública la denuncia, había argumentado que pretendían sembrarle pruebas en Sacta, para acusarlo de nexos con el narcotráfico. Asimismo, habló de «policías patriotas» que le dieron la información. Esta es una prueba irrefutable de fuga de información y de la pugna y la desconfianza que existe en la relación de poder del MAS, así como de la penetración del narcotráfico.
Lo lamentable es que no existe una instancia que merezca confianza para llevar adelante una investigación transparente, más aún cuando en el escenario aparentemente están enfrentadas dos facciones dentro del poder. Ojalá se pudiese contar con aporte de investigadores de Naciones Unidas y la Unión Europea, y encontrar a fiscales y jueces que no respondan políticamente ni se sientan gratificados por el cargo que ostentan o detentan. Los antecedentes sobre la actuación de la justicia en nuestro país hacen que crezca la desconfianza. Por ello es imprescindible la inmediata reestructuración del sistema judicial, situación que ha sido demandada por la comunidad nacional, así como por recomendaciones de organismos internacionales que han ofrecido cooperación para que se busquen los mejores caminos para lograr un cambio sustancial. El gobierno anunció su intención de reestructurar el órgano judicial. Hubo tres intentos que quedaron en nada.
En medio de la crisis del sistema de justicia, organismos internacionales, instituciones representativas del país, y la oposición plantearon la necesidad de reestructurar el sistema judicial inmediatamente asegurando el respeto a los procedimientos, para lo cual se debía actuar cuanto antes. Inclusive el propio gobierno reconoció la necesidad un cambio y se sumó a las calificaciones duras contra jueces, fiscales y magistrados. Pero a la hora de hacer realidad los cambios el gobierno se queda porque no quiere perder el control que ejerce sobre el sistema. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como producto del estudio que efectuó en el país, recomendó un cambio profundo. Esta idea también fu planteada por instituciones nacionales, sugiriendo la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Para ello se tendría que lograr un consenso nacional de manera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una ley por 2/3 de votos, sometiendo a referendo el texto de la reforma, y aprobando un mecanismo para la selección por méritos de los postulantes a nuevos magistrados. A más de un año del gobierno actual, nada se hizo, hecho que demuestra la falta de voluntad de devolver la independencia al sistema judicial.