La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y los políticos tanto oficialistas como de la oposición, implícitamente se han resignado en dejar que el sistema judicial quede como está, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos que viabilicen las elecciones judiciales. Los plazos fatales para cumplir con los procedimientos en el marco de las normativas constitucionales, prácticamente han quedado en la imposibilidad de respetarse. El 4 de septiembre próximo, la ALP debería entregar las listas de precandidatos a magistrados, para que se pueda proseguir con el calendario electoral previsto por el órgano Electoral.
Para elaborar las listas los legisladores deberían ponerse de acuerdo y aprobar reglamentos, convocatoria y selección de candidatos, por dos tercios de votos, hecho que parece imposible, por las posiciones intransigentes adoptadas por todas las partes involucradas en este proceso. Lograr un concierto entre las diferentes fuerzas políticas, aunque fuese por objetivos superiores, se ha convertido, a su vez, en una aberración.
Se ha presentado a pactos o acuerdos como desenlaces nocivos, recordando los contubernios del pasado que desprestigiaron a los partidos políticos que, para llegar al poder o conservarlo, realizaban alianzas entre agrupaciones que poco antes afirmaban que negociar en esas circunstancias sería como «cruzar ríos de sangre», pero poco después se distribuían cuotas de poder, repartiendo ministerios o áreas de gestión entre los espurios pactantes.
Pesa mucho esa nefasta etapa de la historia, y ahora se sataniza cualquier acuerdo entre políticos. Y para lograr cumplir los procedimientos para las elecciones judiciales se necesitan los dos tercios que ninguna agrupación con representación parlamentaria tiene. En lo único que parece que hay consenso es en que ya los tiempos no son suficientes para las etapas que se tienen que cumplir. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un controversial fallo determinó que el reglamento y la convocatoria aprobados por la Asamblea Legislativa no estaban apegados al imperio de la Constitución y por ello fueron anulados. También dispuso que todo el nuevo proceso debe ser aprobado por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa.
Recordemos que las agrupaciones de la oposición presentaron una serie de alternativas para hacer viable unas elecciones judiciales transparentes, pero, según sus representantes, todas fueron bloqueadas por el oficialismo. Desde Comunidad Ciudadana, afirmaron que «el objetivo político central del Movimiento Al Socialismo está claro después de tantas evidencias, es que no quieren una nueva justicia. No quieren despojarse de la justicia. No quieren una justicia con autoridades independientes», según el diputado de CC Enrique Urquidi, quien además desahució cualquier pacto, advirtiendo que desde Comunidad Ciudadana tienen absolutamente claro, y no van a entrar «a ninguna lógica de cuoteo ni de repartija de la torta judicial. Nosotros no vamos a entrar en esa lógica. Nuestra posición es absolutamente principista y clara. Nosotros queremos, en el corto plazo, elecciones judiciales transparentes y elecciones judiciales que permitan y que promuevan a los mejores perfiles profesionales que fundamentalmente garanticen independencia política», aseguró Urquidi, en declaraciones a un medio de comunicación.
A su vez, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados Patricio Mendoza acusó a la oposición por no tener voluntad política para ceder los 2/3 y reconducir el proceso.
Frente a esta realidad, ¿cuál es el futuro?… Parece que se aproxima un vacío en el poder judicial. Recordemos que, por mandato de la Constitución Política del Estado, las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato el próximo 31 de enero y deben ser reemplazadas, inmediatamente, por magistrados electos en elecciones legalmente realizadas. Es casi imposible lograr esos comicios en la actual situación. Mantener a las actuales autoridades judiciales, sería una afrenta que probablemente la ciudadanía no esté dispuesta a aceptar y las reacciones podrían salirse de control.
Se ha llegado a esta situación por la acumulación de una serie de hechos que van desde las trabas del gobierno a la iniciativa de una reforma judicial, la evidente insolvencia de la Asamblea Legislativa para ponerse de acuerdo sobre las normas necesarias para hacer viables las elecciones judiciales. La tardía intervención del Tribunal Constitucional paralizando la tramitación por tres meses, hecho que raya en la mayor de las irresponsabilidades. Los políticos se acusan mutuamente de haber enredado el problema, y el gobierno comienza a buscar soluciones directas, al margen de la ley, de la CPE y del sentido común, que seguramente encontrarán nuevos motivos para profundizar las tensiones políticas, económicas y sociales, ya de por sí complicadas.