El Gobierno, en criterio de politólogos, se encuentra entre «la cruz y la espada» toda vez que su alfil, el ministro Carlos Romero Bonifaz, no solo se equivocó al intentar escudar a la Policía de los hechos acaecidos el 4 de mayo, sino que incurrió en varias contradicciones que demuestra incumplimiento de deberes, como señaló la abogada Paola Barriga, al intentar hacer caer todo el peso de la Ley en un subteniente para después señalar que éste, Cristian Casanova Condori, de propia voluntad, se hubiera hecho presente en el lugar del asesinato para desde una motocicleta disparar con una escopeta una canica a la humanidad de la víctima, que después de recibir el impacto, a menos de un metro de distancia, volvió al pasillo de una casa privada, donde se encontraba en resguardo, pero esta vez herido y cayó muerto.
Al respecto cabe recordar que una de sus condiscípulas de carrera, expresó «cuando Jonathan retornó ya estaba con la camisa ensangrentada y cayó al piso, creímos que estaba herido, pero no respiraba, es un estrecho pasillo de propiedad privada, otros compañeros universitarios al verlo pedían auxilio, los policías que estaban cerca a unos cincuenta centímetros, sin acudir al llamado de auxilio, se fueron».
Redactores de JORNADA constataron que el lugar de los hechos es una entrada, pasillo, a una casa privada, que ese día tenía la puerta abierta por donde ingresaron los universitarios a protegerse de los gases tóxicos y de los policías, tiene un metro y medio de ancho por tres de largo, no es un gran espacio.
Una masiva asistencia de vecinos de los distritos alteños y la Asamblea General de la UPEA, pidieron la destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de Economía, Mario Guillén. Dieron plazo de 24 horas para que el Gobierno les haga conocer la destitución del citado ministro, reiterando que se sumarán más piquetes de huelga de hambre.
La UMSA también exige renuncia de Romero
El rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín, manifestó que es imperioso que el Ministro sea destituido o renuncie, toda vez que ha demostrado incumplimiento de deberes y pone en riesgo el proceso democrático, señalar que un subteniente de la policía obró de manera discrecional, no solo que es un insulto a la inteligencia del pueblo y de la comunidad universitaria, sino desconocer que la Constitución Política del Estado determina que es el Capitán General de las FF.AA y de la Policía, en este caso Evo Morales Ayma, quien da las instrucciones u órdenes respectivas al Ministro de Gobierno y éste al Comandante General de la Policía para que se movilicen efectivos, con comandantes de unidades y éstas con oficiales que hacen cumplir órdenes recibidas y acordadas antes de salir a las manifestaciones.
Las órdenes, de acuerdo a que las Fuerzas Armadas y la Policía «no deliberan», se cumplen, por tanto indicar que un subteniente hechó por tierra la Constitución y el orden vertical de los mandos, resulta una ironía y un absurdo jurídico.
La comunidad universitaria y el pueblo de Bolivia pide se haga una investigación transparente, responsable, se dé con el o los autores materiales e intelectuales toda vez que la Policía es una institución con mandos verticales, al igual que las Fuerzas Armadas y no puede ser que un oficial subalterno, de menor jerarquía, hubiera actuado por si llevando una escopeta recargada con «canicas letales», como es el caso.
Por lo que, si el Ministro no renuncia o no se lo destituye, la comunidad universitaria se verá forzada a salir en manifestaciones toda vez que la vida de sus integrantes estaría en peligro así como la Autonomía Universitaria, aseveró.
Dra. Barriga cuestiona tres contradicciones
«El caso se complica por cuanto el Gobierno, mediante el ministro Romero, en lugar de asumir responsabilidades y garantizar que se efectuará una investigación idónea, responsable, transparente, sin contaminación de las pruebas, ni intentar hacer prevalecer lo político sobre el procedimiento penal, incurre en tres contradicciones, que demuestra que no existe certeza sobre lo que informa».
«De otra parte hasta la fecha el Ministerio Público no admitió la querella en contra de Romero, del Comandante General de la Policía, del Comandante de la Policía de El Alto, se intenta dejarnos en indefensión», advirtió la abogada de la familia Quispe Ali.
Dirigentes de la FUL-UPEA señalaron «el subteniente, a tiempo de ingresar a ser presentado como el autor en oficinas del Ministerio de Gobierno, no tenía puestos los grilletes, tampoco declaró y como si fuera un caso top secret, se declaró en reserva su declaración, (se acogió al derecho al silencio), habiendo sido remitido detenido al penal de San Pedro, cuando son delitos de carácter público y debían estar las partes presentes por lo que las susceptibilidades se hacen más ostensibles, no sabemos si en el cuadernillo del Ministerio Público esta incriminado por asesinato con todas las agravantes y se abre investigación también contra coautores, cómplices, encubridores, materiales e intelectuales, o qué artículos del Código Penal se establecieron para la prosecución de la causa. Ese subteniente tenía que estar bajo el mando de un Capitán y este obedeciendo órdenes de un Coronel lo instruido por los Comandantes, estos aspectos legales tienen que ser de conocimiento del pueblo».
Dirigentes universitarios pidieron a Derechos Humanos y otras instancias una investigación independiente porque no tiene credibilidad el Ministro de Gobierno, Carlos Romero y la Policía Boliviana, quienes revelaron en una última pesquisa que el subteniente Cristian Casanova Condori de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) La Paz, fue el autor de la muerte del estudiante universitario Jonathan Quispe Vila de 20 años, al haber disparado una canica que fue incorporada al estopín de una escopeta calibre 12 mayor. La posición de la UPEA se radicalizó debido a la muerte del universitario.
Por su parte dirigentes de la Fejuve El Alto, Central Obrera Regional, gremialistas, anunciaron que saldrán en manifestaciones apoyando las peticiones de los universitarios. Se anunció paro cívico para este lunes.