Hoy, 20 de febrero, se recuerda el Día Mundial de la Justicia Social, que fue instituido por la Asamblea General de la ONU, frente a la necesidad de construir sociedades más justas y equitativas. Este año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con este motivo, organizó una serie de siete actos que se celebrarán en las principales ciudades del mundo. Ponentes de alto nivel del mundo laboral hablarán de cómo situar la justicia social en el centro de las agendas políticas internacionales, nacionales y regionales. Lamentablemente en muchos países se omite la justicia social, sin comprender que una sociedad en la que se respetan los derechos y garantías de las personas, abre el camino de la concertación, la comprensión y el diálogo, evitando la conflictividad. En Bolivia, desgraciadamente, las autoridades han olvidado este principio, dando lugar a la injusticia social, al atropello de los derechos y garantías de los trabajadores y de la población en general.
En estos momentos, la mayoría de las organizaciones sociales ya están en estado de alerta frente a la intención del gobierno de obligar a los trabajadores a jubilarse a los 65 años, someterlos a exámenes de evaluación de sus capacidades, olvidando los principios de los Derechos Humanos. Ya antes el gobierno se metió con los fondos de las jubilaciones acumulados en las AFP, que con los aportes de los trabajadores acumularon más de 23 mil millones de dólares, pero el gobierno, al haber disminuido los ingresos estatales y dilapidar las Reservas Internacionales Netas (RIN), estatizó los aportes para las jubilaciones mediante una Gestora Pública que ahora administra esos recursos.
Por otra parte, en los últimos años se han aprobado una serie de normas destinadas a defender los derechos de las mujeres, niñas y menores, pero lastimosamente no se cumplen. Demagógicamente se creó el seguro Universal de Salud (SUS), sin los recursos de contrapartida que sirvan para atender a los miles de pacientes que acuden a los centros hospitalarios, sin encontrar atención por falta de médicos, camas, medicamentos y equipos. Para colmo de males, el sector informal es el que ofrece la mayor parte de los empleos en nuestro país, se estima en un 80%5. Esto significa que miles de personas carecen de los beneficios sociales de ley, seguridad social, jubilación, asistencia médica, condiciones laborales sanas etc.
Naciones Unidas promueve la justicia social, pero es necesario que se haga algo más que recomendar. Entre las propuestas para promover la justicia social se incluyen la mejora de una gobernanza inclusiva y eficaz del trabajo, la garantía de oportunidades de empleo y aprendizaje permanente, la reforma de las instituciones para lograr resultados más justos en el mercado laboral y la ampliación de la protección social a lo largo de la vida de las personas. Para ello se aboga por un enfoque integrado en todos estos ámbitos.
Cada vez hay más partidarios de crear una Coalición Mundial por la Justicia Social de amplio alcance. El objetivo de esta coalición sería reforzar la cooperación multilateral y la armonización de las políticas para promover los objetivos de la justicia social. En general, se insta a coordinar los esfuerzos para hacer de la promoción de la justicia social una prioridad política a todos los niveles.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó por unanimidad la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa el 10 de junio de 2008. Esta es la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la Constitución de la OIT en 1919. Esta Declaración es el resultado de consultas tripartitas que se iniciaron tras el lanzamiento del Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Con la adopción de este texto, los representantes de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 182 Estados Miembros subrayaron la contribución clave de nuestra Organización tripartita al progreso y la justicia social en el contexto de la globalización.
Se comprometieron a unir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la OIT en el avance hacia dichas metas a través de la Agenda de Trabajo Decente. La Declaración institucionaliza el concepto de Trabajo Decente desarrollado por la OIT desde 1999, y lo sitúa en el centro de las políticas de la Organización para alcanzar sus objetivos constitucionales. Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso acerca de la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, que permita conseguir mejores resultados y que estos se repartan de manera más equitativa entre todos. La Declaración constituye una brújula para la promoción de una globalización equitativa basada en el Trabajo Decente, así como una herramienta práctica para acelerar el progreso en la aplicación de la Agenda de Trabajo Decente a nivel de país.