Un fallo histórico determina la paralización de la minería ilegal del oro en parte del territorio nacional, y obliga a respetar el mandato constitucional de una consulta previa a los indígenas, para tomar decisiones que afecten su territorio o sus costumbres y necesidades. Efectivamente mediante una audiencia virtual, un juez admitió una demanda de acción popular, y determinó dar la tutela legal a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), hecho que implica la paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, y sus afluentes, además en los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
En la audiencia, que se prolongó por más de 15 horas, Edwin Pallete, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal de Rurrenabaque (Beni), determinó dar la tutela a la Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas Cpilap, que demostró en sus argumentos que la minería aurífera ilegal está afectando negativamente a su derecho a la salud, medio ambiente y a la consulta previa libre e informada. El juez Edwin Pallete estableció que la actividad minera ha vulnerado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y dispuso que este proceso debe alcanzar también a los derechos preconstituidos. De acuerdo a informes de prensa, determinó la suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental y ordenó a la AJAM cumplir con procesos de consulta previa, además de la suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros. Igualmente dictaminó que se garantice la participación de la Cpilap en el Plan de Acción Nacional de Control del uso de Mercurio.
Ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, repetir la realización del estudio de calidad de agua y se haga una categorización de contaminación ambiental en todos los ríos mencionados, también en sedimentos y peces, junto con la rehabilitación de aguas y peces contaminados. Estableció remitir antecedentes a la Fiscalía sobre la contaminación con mercurio de las personas para identificar responsabilidades penales. Determinó también la instalación de un puesto de control para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, para que realicen controles rutinarios de los ríos referidos para evitar la proliferación de actividad minera ilegal.
Se trata de una demanda que sienta jurisprudencia y puede dar pie a nuevas acciones en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, así como de los territorios indígenas y áreas protegidas que en la actualidad son avasallados. La interrogante principal radica en que si se lograra el cumplimiento de la ley, dada la realidad actual en la que el poder logra vulnerar la CPE y las leyes impunemente, sin que la justicia cumpla su misión de hacer respetar el ordenamiento legal. Contrariamente, existen antecedentes de la transgresión de normas de la Constitución, desde el organismo llamado a hacer respetar sus previsiones, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ni siquiera se controla el uso del mercurio, que está restringido por sus consecuencias dañinas. Recordemos que las propias autoridades han identificado 21 municipios rurales con exposición al mercurio y metilmercurio, debido a que los mineros no cuentan con las medidas de seguridad apropiadas para evitar contaminarse. Algunos de esos municipios son: Baures y Reyes (en el Beni), San Lorenzo y San Pedro (Pando) y Guanay, Irupana e Iximas (La Paz), entre otros, de acuerdo a una información de ANF, que revela que aproximadamente un 60% y aún más de estos mineros que se exponen, no utilizan los implementos de protección.
Realmente es preocupante el riesgo al que están sometidos los que explotan oro utilizando este nocivo producto. Pero, lo más lamentable es el daño que se está perpetrando contra el medioambiente y la salud de la población. Ya anteriormente, JORNADA había alertado sobre esta situación, recordando que «es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente», como señala el Art. 342 de la Constitución Política del Estado, que además, prohíbe los desechos tóxicos, y determina que quienes realicen actividades de impacto ambiental, deben remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen. Sin embargo, la tierra y los ríos están siendo envenenados con mercurio por la irresponsable actividad minera aurífera. Pese a las evidencias y el grave riesgo a que se somete a la población, esta actividad crece sin control ni medidas que atenúen el impacto dañino. Bolivia asumió compromisos internacionales para controlar el uso de mercurio, lamentablemente está incumpliendo el acuerdo. Se trata del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que es un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y las liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos. El año 2020 ya los países que asumieron el compromiso debían dejar de fabricar, importar y exportar productos con mercurio enumerados en el tratado.