El tiempo de cuarentena, de acuerdo a determinaciones del gobierno, debería concluir mañana miércoles 15 de abril, pero frente al avance del contagio del coronavirus y el deficiente respeto de las restricciones impuestas, el aislamiento domiciliario continuará además de endurecerse el control militar, policial y de la justicia, contra los que infrinjan las disposiciones y agraven el riesgo de una mayor expansión de la epidemia. El trance que se vive es muy grave, pero es necesario asumir el momento con mayor responsabilidad, sensatez, disciplina y prudencia colectiva, antes que con alarma. En Santa Cruz se ha dispuesto la militarización de la ciudad capital, lo mismo que en algunos municipios. Oruro ha ampliado la cuarentena y ha adoptado medidas adicionales para hacer cumplir las normas.
El gobierno anunció que hoy asumirá una serie de nuevas determinaciones además de la ampliación de la cuarentena, mientras en el país aumentan los casos de COVID-19, y continúan escaseando los recursos para hacer frente a la pandemia. La población boliviana está viviendo un episodio inédito frente a una enfermedad letal sin contar con los recursos necesarios y suficientes para mitigar los efectos. Ni siquiera se puede saber con exactitud la cantidad de casos debido a que no existen suficientes reactivos para efectuar las pruebas con oportunidad.
La OMS recomienda la identificación temprana del coronavirus como recurso para enfrentar la situación. En nuestro país se están asumiendo medidas a medias porque los test que se realizan son muy pocos en relación a la población. Hay informes preocupantes que ubican a Bolivia entre los países que menos test ha realizado. Las autoridades han informado que existen los reactivos para realizar las pruebas, mientras que en el hospital de El Alto señalan que son insuficientes, la población no tiene otra opción que confiar en que se estén haciendo las tareas de manera efectiva. La importancia de realizar pruebas oportunas radica en que con la información que se recoja se podrá identificar a los portadores del COVID-19 para proceder a su aislamiento y tratamiento, y de esta manera evitar que los enfermos trasmitan el virus a otras personas.
Por el momento la situación es incierta porque no se tiene información completa sobre «sospechosos» y de quienes se hayan contaminado. Bajo esa óptica, el escenario que se presenta para Bolivia es muy complejo, el exministro de Salud, Aníbal Cruz alertó de «un desastroso resultado, si no se asumen medidas de contención más rígidas y se logren los recursos necesarios». En entrevista del exministro Cruz con un medio de comunicación de España basado en las estadísticas actuales que se registran en el país, proyecta que «de seguir las cosas como ahora, la cifra de personas infectadas llegaría a 900 esta semana y a 48.000 en cuatro meses, mientras que en ese tiempo la enfermedad podría ocasionar más de tres mil 800 muertes». Cruz, explicó que sus estimaciones no tienen el objetivo de alarmar a la población, sino de llamar la atención para que se vea la situación con más responsabilidad. Explicó «si se lograra mediante las medidas preventivas bajar el índice actual de mortalidad a un 4%, se lograría disminuir los decesos considerablemente».
Los cálculos del exministro coinciden con las proyecciones internacionales y la forma como se ha comportado la epidemia en los países más afectados, así como el resultado en las regiones que han logrado contener al coronavirus. La gravedad de la epidemia obliga a la población a respetar y cumplir el aislamiento domiciliario y las recomendaciones sanitarias, y a las autoridades a aplicar las medidas de prevención con mayor eficacia, y dotar de los medios necesarios al sistema de salud, inclusive habilitando la mayor parte de las clínicas privadas -con las que se debe llegar a un acuerdo económico- para que se sumen a la lucha contra la pandemia. El gobierno debe cumplir el mandato constitucional que señala que «la salud es la primera responsabilidad del Estado», además de constituir una prioridad económica.