El sargento del Ejército Johnni Gutiérrez, instructor en el regimiento Ingavi, violó, según familiares del joven estudiante Cristian, todos sus derechos humanos llegando a extremos inconcebibles que amerita sea tratado por especialistas en psiquiatría por haber presionado a que el joven de 17 años «se suicide», provocando, además, trauma de repugnancia a los alimentos, al haberle, el uniformado, obligado a comer lo que nadie comería. Acaso sería posible que ahora el sujeto «tome leche de su chocolate», como se dice en la jerga militar.
Lo interesante es que el fiscal departamental de La Paz, Dr. Edwin Blanco, informó que «de oficio» se determinó procesar al sargento Johnni Gutiérrez, que mancha el uniforme que le fue dotado para enseñar a los jóvenes, enrolados a la institución militar, la utilización de las armas para casos de guerra internacional o de defensa territorial de la soberanía nacional y jamás para ensañarse contra compatriotas en afán de creerse un mandamás «salido del averno».
No cabe ninguna figura de jurisdicción militar para someter a juicio al sargento Johnni Gutiérrez, en primera instancia, ante lo ocurridos, se lo debe degradar en forma pública y luego remitirlo a la justicia ordinaria para que el Ministerio Público requiera en forma inmediata, ante la flagrancia de los hechos, su aprehensión y luego de su declaración informativa su detención y llevarlo a medidas cautelares ante un juez en lo penal para que este, ante las pruebas irrefutables, determine lo que en Ley corresponde.
Jamás en la vida institucional de las Fuerzas Armadas, se supo, que algún uniformado de los grados de suboficial, oficiales en toda su escala de mando, habría otorgado a un conscripto, a un premilitar, trato como lo hizo el sargento Gutiérrez con saña, premeditación, alevosía, ventaja del rango militar y cargo.
Si esa fuera la forma de tratar a los connacionales que prestan servicio militar obligatorio, será mejor se revise el término de «obligatorio» para, en el actual «Proceso de Cambio», se cambie por el de «servicio patriótico» y los mandos militares se comprometan públicamente, mediante declaración jurada, respetar todos los derechos fundamentales, universales, de los jóvenes conscriptos y premilitares.