Hoy, 1º de octubre se recuerda el primer año de otro de las turbulentas relaciones con Chile. Hace un año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó, por 12 votos contra tres, que Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar con Bolivia. En ese momento, la decisión cayó como un balde de agua fría sobre el pueblo boliviano al que se le había hecho creer con amplia propaganda que el proceso estaba enmarcado por un buen camino. Las voces triunfalistas del gobierno politizaron el tema.
Mientras la decepción se apoderó de la ciudadanía consciente, el gobierno inició otra campaña dirigida a minimizar las consecuencias del fallo, y hasta a decir que es favorable. Es más, se tocó el tema en la última Asamblea de Naciones Unidas, pidiendo al organismo internación que plantee a Chile el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional. Cabe preguntarse, ¿se pide que se ratifique que «Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar»?, ¿ó se referiría a la exhortación para que ambas partes puedan dialogar? En este momento, excepto para el gobierno, todo el pueblo boliviano ha comprendido que la sentencia ha sido una derrota jurídica, histórica, diplomática y de gestión. Lo peor es que la misión boliviana ante la CIJ, en las argumentaciones ha ratificado el Tratado de 1904 que ha arrebatado a Bolivia su extensa costa, privando a nuestro país de una salida al mar.
Es triste que después de evidencias tan concluyentes se pretenda mostrar al pueblo que el fallo de la CIJ contiene determinaciones favorables a Bolivia. Tenemos que reconocer que los argumentos expuestos por los abogados y la misión boliviana de nada sirvieron al estar enfocados en hechos subjetivos, dejando sobreentendido el fondo del problema, que es el Tratado de 1904, por el que Chile se apodero de 120.000 km2 de territorio boliviano -incluyendo 400 km de costa. Al término de la guerra Bolivia tuvo que firmar un Tratado ominoso bajo la amenaza bélica. Ahora, Chile se considera ganador también en esta contienda legal que aleja las posibilidades de una solución al problema marítimo. Recordemos que nuestro país acudió a la CIJ en busca de comprensión a un problema impuesto por la fuerza de las armas.
Lamentablemente se equivocó el camino, confirmando el hecho de que la política exterior de Bolivia no acierta. Lo peor es que se sembraron esperanzas y se fue a Holanda con ánimos festivos, mientras Chile tenía la seguridad de lo que hacía, afirmando un día antes del fallo que ni un centímetro del territorio que ocupa estaba en riesgo. La realidad muestra el cruel desenlace. La situación post CIJ muestra el fracaso de la misión jurídica y el derrumbe de las altas expectativas acumuladas por la propaganda oficialista, hechos que ponen en evidencia el error de politizar uno de los temas más sensibles para el pueblo boliviano, que deriva en otra frustración que pesará mucho.