Es necesario solucionar los conflictos cuando están dando las primeras señales. Este es uno de los factores básicos de la prevención de conflictos. Lamentablemente, en nuestro país se actúa cuando las demandas salen a las calles, bloquean carreteras y se producen paros y huelgas. Es decir, cuando los hechos se agravan. En este momento hay varios conflictos que amenazan con salirse de control, mientras las autoridades ven los problemas con pasividad, esperando que se solucionen solos. Ignoran que muchas veces la solución oportuna de los problemas -demandas, rechazos a normas, protestas por escasez de algunos productos, enredos políticos, falta de previsión en situaciones de emergencia, y otros- que pudieron ser atendidos o explicados mediante el diálogo, llegan a entorpecer el funcionamiento del Estado, perjudica a la ciudadanía y afecta a la economía, entre otros perjuicios.
Los especialistas en resolución de conflictos sostienen que un conflicto puede abrir oportunidades para realizar una serie de cambios necesarios en la sociedad. Pero esto solo ocurre cuando existe la voluntad de buscar soluciones. Los pedidos de varios sectores para satisfacer sus diversas necesidades, o las protestas por injusticias o desatención son recursos de la ciudadanía amparados por la legislación. Lamentablemente, en nuestro país, lejos de efectuar algún trabajo preventivo en relación con la naturaleza de los problemas, el gobierno pretende ignorar los reclamos, o apelar a la represión policial y judicial, cuando se trata de la oposición. Solamente dialoga con los grupos oficialistas, situaciones que generan un escalamiento de los conflictos, y muchas veces, su derivación en violencia.
En este momento hay sectores movilizados en demanda de atención, así como hay problemas pendientes de solución que se arrastran desde hace mucho tiempo, sin visos de algún entendimiento. Probablemente, en este momento, el conflicto en la Asamblea Legislativa sea uno de los temas que merece atención y preocupación. Luego del bloqueo de carreteras se logró abrir el diálogo y se llegó a un acuerdo que ambas partes, oficialismo y oposición, se acusan de incumplir.
El tema de las elecciones judiciales representa una oportunidad de sanear al sistema judicial y contribuir a reponer la institucionalidad perdida, y por lo menos, volver a enfilar el proceso democrático, que ha sido seriamente afectado. Pero para que esta iniciativa funcione se requiere desprendimiento de los políticos, para elegir a los postulantes a magistrados, a los profesionales idóneos. Un nuevo fracaso en rectificar el sistema judicial, sería catastrófico para la institucionalidad y la democracia.
La crítica situación ha movido a organismos internacionales a pedir a Bolivia soluciones al tema judicial. Entre las observaciones figura el pronunciamiento de la Relatora de Naciones Unidas, especializada sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien expresó su preocupación sobre la situación de la justicia en Bolivia, que por falta de «acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido». La experta de la ONU hizo referencia al retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en Bolivia. «El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. En Bolivia, para las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, la Constitución requiere la elección de candidatas y candidatos calificados que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Pero no solamente se trata de resolver los grandes problemas nacionales como la economía, la falta de dólares, la recurrente escasez de carburantes, la corrupción, el narcotráfico, etc. Hay problemas sectoriales que deben ser atendidos antes de que se conviertan en conflictos nacionales, como las observaciones de los empleados en general que se oponen a una ley anunciada por el gobierno, que puede precipitar la jubilación a los 65 años. Ya varios sectores han decidido movilizaciones, como los médicos que han anunciado un paro de actividades y marchas. Lo mismo decidieron los maestros urbanos que rechazan la jubilación forzosa a los 65 años. Además, los maestros tienen otras demandas pendientes de atención, así como los gremiales y otros centenares de sectores.