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Suspenden audiencia en caso de trata de personas en la que Evo Morales debía testificar

La audiencia en la que el expresidente Evo Morales (2006-2019) debía testificar, por un caso de trata y tráfico de personas en la que la principal acusada es su expareja Gabriela Zapata, fue suspendida este martes por la inasistencia del también líder del oficialista MAS.

«Sí, se ha suspendido (la audiencia), pero seguramente el órgano Judicial tiene que seguir con sus investigaciones, (ya que) está tardando demasiado en este proceso», dijo a EFE Cecilia Urquieta, abogada del exgobernante.

La semana pasada una jueza de La Paz emitió un mandamiento de comparendo, en el que Morales pasó de acusador a testigo, dentro de un proceso en el que hace algunos años el exmandatario acusó a Zapata por hacer pasar a un niño como hijo de ambos.

La citación a testificar también incluyó a Álvaro García Linera, exvicepresidente de Morales, y advirtió que si las dos exautoridades nacionales no se presentaban se expediría un mandamiento de aprehensión y el envío de ese antecedente a la Fiscalía para que se abra un proceso penal.

El acto judicial previsto para las 14:00 se instaló algunos minutos después, con la asistencia de Zapata, pero luego quedó postergado por la inasistencia de Morales y García Linera, reportaron los medios locales.

Posición de Morales

La abogada Urquieta cuestionó que se haya citado a Morales como testigo cuando «ha sido denunciante» ya que «en su momento ha presentado toda la información que tenía y todos los descargos».

«Pretenden convocarlo como testigo, sin embargo cualquier procedimiento legal en cualquier audiencia se tiene que hacer mediante una notificación personal y esto no ha ocurrido», afirmó la jurista.

Urquieta argumentó que «al no existir una notificación formal oficial», el expresidente «no tiene ninguna responsabilidad» de presentarse ante un tribunal.

Asimismo, la abogada declaró que la citación a Morales es «un acto político», ya que se busca que el nombre del exgobernante se maneje públicamente en un momento de «convulsión social», por los conflictos sociales que exigen la renuncia de los magistrados de los principales tribunales del país.

Los sectores afines a Morales mantienen el noveno día del bloqueo de caminos que pide la realización de las elecciones judiciales. La molestia de los seguidores también es por la Sentencia Constitucional que dicta que la reelección indefinida «no es un derecho humano», este fallo inhabilita la candidatura presidencial del exmandatario.

Procesos judiciales

En el caso de trata de personas, Evo Morales inicialmente fue el acusador de Zapata, al considerar que la mujer junto a otras personas realizaron un montaje para presentar en 2016 en un juzgado a un niño como si fuera hijo de ambos y que supuestamente nació en 2007.

Sin embargo, la mujer luego se retractó de esas afirmaciones y sostuvo que el supuesto hijo en realidad nunca nació, pese a que muchas veces ella, Morales y algunos altos funcionarios de su Gobierno sostuvieron lo contrario.

En otro caso, la Justicia detuvo a Gabriela Zapata en febrero de 2016 y fue condenada en 2017 a diez años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas; y uso indebido de bienes y servicios públicos.

La que fuera novia de Morales entre 2005 y 2007 fue acusada por el Ejecutivo de usar los predios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios, oficinas que hace muchos años servían como despacho de la primera dama.

Según el entonces Gobierno de Morales, los altos cargos de ese ministerio nunca se enteraron de que Zapata hacía negociaciones en esas oficinas.

La Fiscalía señaló en su momento que Zapata no pudo explicar la procedencia de 2 millones de dólares en sus cuentas, ya que la suma no correspondía con el salario que percibía como gerente comercial de una filial de la constructora china Camce.

Esa empresa se adjudicó varios contratos estatales para construir obras en Bolivia por 566 millones de dólares.

Por este caso, Zapata estuvo cinco años en prisión, pero en noviembre de 2021 salió bajo libertad condicional.

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