Una corte determinó este lunes que uno de los procesos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez se desarrolle bajo la figura de juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria como inicialmente se planteó.
El caso que se traslada a la jurisdicción especial que debe ahora considerarse en el Parlamento está relacionado con una designación irregular que realizó Áñez en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante su Administración en 2020.
En declaraciones a Efe, la abogada Norka Cuéllar, una de las representantes de la exmandataria, aseguró que la Sala Penal Cuarta de La Paz «ha restablecido el Estado de derecho dentro de este proceso» puesto que la Fiscalía pidió que el caso se mantenga por la vía ordinaria.
Cuéllar explicó que la defensa de la ex jefa de Estado «nunca buscó impunidad sino ser procesada en la vía establecida a los expresidentes» del país y que por ello el proceso ahora pasa al Legislativo.
Lo que procede es que el Parlamento tome el caso que debe aprobarse previamente por dos tercios de la votación, es decir con el consentimiento de la oposición, al no tener el Movimiento al Socialismo (MAS) la cantidad suficiente para dar vía a ese juicio.
El procedimiento también establece que ese proceso se remita a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia del país que deberán impulsar el caso en instancias del Legislativo.
En el Parlamento también residen otras causas en contra de la exmandataria interina, la más importante es la acusación por la muerte de más de una veintena de civiles en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
La resolución emanó esta jornada cuando desarrolla una nueva audiencia del juicio por la vía ordinaria del caso «golpe de Estado II» en la que se acusa a Áñez de delitos como incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución.
Áñez permanece detenida desde marzo de 2021 inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I» con el que primero se ordenó cuatro meses de encarcelamiento preventivo para luego ampliarlos a seis.
Luego se abrió el proceso «golpe de Estado II» que sirvió para que su detención se extienda por un tiempo similar.
En este último caso se basa la acusación del Gobierno y del MAS que establece que Áñez, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y de la Cámara de Diputados, asumió ilegalmente la Presidencia del país.
Por su parte, la defensa de Áñez asegura que a finales de 2019 hubo un vacío de poder ante la renuncia de toda la línea de sucesión y que se apegó a los procedimientos de la Constitución.